¡ULTIMÁTUM ESTATAL! RECHAZAN RECURSO CLAVE EN LA ARMADA: ¿FIN DE LA BATALLA?

El Gobierno Nacional ha dado un golpe de timón en un caso que sacude los pasillos de la Administración Pública. Mediante el Decreto N° 708/2025, se rechazó de forma definitiva el recurso jerárquico interpuesto por Christian Javier CARIAGA, un agente civil de planta permanente de la ARMADA ARGENTINA. Cariaga buscaba revertir una resolución del MINISTERIO DE DEFENSA (N° 614/17) que lo reencasillaba en el Agrupamiento Producción, Nivel VI, Grado 3 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

¿Qué significa esto para el ciudadano?

La decisión es contundente: la vía administrativa para el reclamo de Cariaga ha sido agotada. Esto implica que el agente, si desea continuar con su lucha, deberá ahora recurrir a la justicia, con todos los costos y tiempos que ello conlleva. Se le ha notificado un plazo de Ciento Ochenta (180) días hábiles judiciales para interponer una acción judicial, contados desde la notificación del presente decreto.

El meollo del asunto radica en la interpretación de los artículos 132 a 140 del Convenio Colectivo. Cariaga sostenía que su reencasillamiento era erróneo, basándose en sus funciones y antigüedad. Sin embargo, el análisis oficial, respaldado por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO, concluyó que la aplicación de la normativa fue correcta, considerando su historial y nivel de estudios (Técnico Electromecánico con secundario).

"Con el dictado del presente acto administrativo queda agotada la vía administrativa, quedando expedita la acción judicial."

Para el ciudadano común, este caso es un recordatorio crucial: aunque la Administración Pública tiene mecanismos de revisión, estos tienen un límite. Una vez que el Estado agota sus instancias internas, la única puerta que queda es la judicial, un camino que puede ser largo y complejo. Es fundamental estar bien informado sobre los procedimientos administrativos y, llegado el caso, buscar asesoramiento legal especializado.

Este decreto no solo afecta a Cariaga, sino que sienta un precedente sobre la rigurosidad con la que se aplican los convenios colectivos y las normativas de reencasillamiento escalafonario dentro de la Administración Pública Nacional. Una señal clara de que la burocracia, a veces, puede ser un muro infranqueable sin un buen abogado.