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La Aduana de Posadas, bajo el ala de la AFIP, emitió un fallo que archiva provisoriamente expedientes y da un plazo perentorio a casi treinta particulares para regularizar sus importaciones o arriesgarse a perderlo todo. ¿El Estado avanza con mano dura sobre los bienes de los ciudadanos?
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero, específicamente la Aduana de Posadas, ha sacudido la tranquilidad de varios ciudadanos con un Aviso Oficial que no da lugar a especulaciones. A través de una Resolución Fallo de ARCHIVO PROVISORIO, la autoridad fiscal intimó a casi treinta particulares a definir el futuro de su mercadería en un plazo de apenas DIEZ (10) días hábiles.
La medida, dictada bajo la Instrucción General IG-2023-2-E-AFIP-DGADUA, afecta a personas identificadas con sus respectivos DNI, quienes enfrentan actuaciones por la infracción 977 (generalmente vinculada a transgresiones a las normas aduaneras). El quid de la cuestión es simple pero contundente: si no se regulariza la situación, la mercadería podría ser declarada en rezago y, peor aún, sufrir una destinación de oficio. Esto significa, lisa y llanamente, que los bienes podrían ser confiscados y el Estado decidirá su destino.
"Se intima a su Titular a dar una destinación permitida a la mercadería involucrada en un plazo de DIEZ (10) días... bajo apercibimiento de declarar su rezago y posterior destinación de oficio."
Los afectados tienen una única salida: o abonan los tributos de importación a consumo correspondientes y regularizan cualquier intervención de terceros organismos, o se despiden de sus pertenencias. Es un golpe duro para quienes, por diversas razones, quedaron en la mira aduanera, evidenciando la mano de hierro con la que la AFIP busca controlar el ingreso de bienes al país. Esta medida subraya la constante vigilancia en las zonas de frontera y la intransigencia ante las infracciones, buscando fortalecer la recaudación y la seguridad comercial.
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