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El Tribunal de Tasaciones de la Nación implementa un nuevo manual de procedimientos para garantizar el acceso a la información pública, un paso fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas en un organismo clave para el Estado.
En un paso decisivo hacia una gestión pública más abierta y responsable, el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN ha resuelto aplicar, a partir de su publicación, el "Manual de procedimiento para la gestión de los trámites de acceso a la información pública". Esta medida, plasmada en la Resolución 88/2025, marca un hito en la transparencia de un organismo fundamental para el Estado argentino.
La Ley de Acceso a la Información Pública N° 27.275, junto con sus modificatorias, establece el derecho de los ciudadanos a acceder a la información del Estado. Como ente descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA, el Tribunal de Tasaciones está obligado a cumplir con esta normativa. La implementación de este manual no es solo una formalidad, sino una respuesta concreta a esa exigencia legal y social.
El manual, aprobado por unanimidad en la Sesión Especial Nº 21 del 13 de noviembre de 2025, busca unificar y articular las disposiciones aplicables a los procedimientos de acceso a la información pública. Esto significa que habrá pautas claras y estandarizadas sobre cómo los ciudadanos pueden solicitar y obtener datos relevantes del Tribunal, desde tasaciones de bienes públicos hasta información sobre sus procesos internos.
Para el ciudadano común, esta resolución es una excelente noticia. El Tribunal de Tasaciones es un organismo clave, ya que sus valuaciones son la base de numerosas decisiones estatales, desde la compra de terrenos para obras públicas hasta la determinación del valor de activos nacionales. Una mayor transparencia en sus procedimientos y en la información que maneja es vital para:
La posibilidad de acceder fácilmente a la información sobre cómo se realizan las tasaciones y qué criterios se utilizan, empodera a los ciudadanos y a las empresas, garantizando un entorno de mayor previsibilidad y honestidad. Es una victoria para la rendición de cuentas y un paso firme hacia un gobierno más abierto.
