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La Provincia de Buenos Aires ajusta el Código de Aguas, modificando el cálculo del canon y delegando su actualización al Ministerio de Infraestructura. Se viene un plan de implementación gradual que impactará a permisionarios, concesionarios y usuarios, en nombre de la "escasez" y la sostenibilidad.
Estos dos artículos son una bomba para el sector hídrico bonaerense. El Decreto N° 3233/2025 y la modificación de la Ley N° 12.257 a través del Decreto N° 429/13 confirman una movida clave del gobierno provincial: ajustar la forma en que se calcula y cobra el canon por el uso del agua. La Autoridad del Agua, un ente autárquico que gestiona este recurso vital, argumenta que el agua es un "bien escaso" y que los costos de su administración y monitoreo son "elevados".
¿Qué significa esto en criollo? Que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, ahora con facultades delegadas, tendrá la sartén por el mango para fijar periódicamente el valor del canon, considerando variables como la disponibilidad del recurso, la magnitud de los establecimientos y las categorías de usuarios. Se viene un "plan de implementación gradual" (Anexo I.A) que, si bien no detalla los montos exactos, anticipa un incremento en los costos para quienes utilizan el agua pública.
Esto afecta directamente a empresas, productores agropecuarios y grandes consumidores que dependen del recurso hídrico, quienes deberán prepararse para afrontar mayores costos operativos. Si bien el uso doméstico para bebida e higiene sigue siendo gratuito, el espíritu de la medida apunta a que el Estado recupere costos y promueva un uso más eficiente, o al menos más caro, del agua. La Provincia de Buenos Aires busca "sostener" a la Autoridad del Agua, pero la pregunta es: ¿a qué costo para los bonaerenses? Manténgase informado sobre las actualizaciones del Anexo I.A y las resoluciones del Ministerio para conocer el impacto real en su bolsillo.
