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La Procuración del Tesoro y el Ministerio de Justicia reacomodan fichas clave en sus estructuras, designando a Ivana Díaz y Pablo Daniel Fernandez en roles de dirección.
El aparato estatal sigue en movimiento, y las designaciones internas no se detienen. En esta ocasión, dos importantes organismos del gobierno nacional realizaron movimientos estratégicos en sus cúpulas directivas.
Por un lado, la Procuración del Tesoro de la Nación anunció la designación transitoria de la Dra. Ivana DÍAZ (DNI 31.687.674) como Directora de Auditoría, dependiente de la Dirección Nacional de Sumarios, Investigaciones Administrativas y Auditoría. Este cargo, de Nivel B - Grado 0 y Función Ejecutiva Nivel III, es crucial para la supervisión y control interno del organismo. La designación tiene vigencia a partir del 15 de septiembre de 2025 y no podrá exceder los tres años.
Por otro lado, el Ministerio de Justicia, a través de su Subsecretaría de Gestión Administrativa, designó transitoriamente al Sr. Pablo Daniel FERNANDEZ (D.N.I. N° 29.042.727) como Director en la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias, que dependía de la entonces Secretaría de Derechos Humanos. Esta designación, con vigencia retroactiva desde el 15 de agosto de 2024 hasta el 21 de abril de 2025, también implica un Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III.
Estos nombramientos, aunque de carácter administrativo, son fundamentales para el funcionamiento de la burocracia estatal. Aseguran la continuidad de la gestión en áreas sensibles como la auditoría y las políticas reparatorias. Para el ciudadano común, si bien no tienen un impacto directo e inmediato, garantizan que los engranajes del Estado sigan girando, aunque sea con caras nuevas en puestos clave.
