¡Sillas calientes en el Estado! Desfiles de nombres en Salud y el Tesoro

La burocracia estatal no descansa y el Boletín Oficial de hoy es un claro reflejo de la constante danza de nombres en los pasillos del poder. Se publicaron varias resoluciones que confirman prórrogas y designaciones transitorias en áreas sensibles, tanto en el Ministerio de Salud como en la Procuración del Tesoro de la Nación.

En el ámbito de la salud, las Resoluciones 2752/2025 y 2753/2025 del Ministerio de Salud prorrogan, por 180 días hábiles, las designaciones de la bioquímica María Constanza LÓPEZ ALBIZU (D.N.I. N° 27.831.839) como Jefa del Departamento Diagnóstico del Instituto Nacional de Parasitología "Dr. Mario Fatala Chaben" y del farmacéutico Diego Lionel MAZZA (D.N.I. N° 18.114.227) como Jefe del Servicio Sueros Terapéuticos del Instituto Nacional de Producción de Biológicos, ambos dependientes de la prestigiosa ANLIS "Dr. Carlos G. Malbrán". Estas medidas buscan asegurar la continuidad de funciones críticas en la investigación y producción de insumos vitales para la salud pública.

Por su parte, la Procuración del Tesoro de la Nación también agitó sus fichas. La Resolución 131/2025 designa con carácter transitorio al doctor Ezequiel Abásolo (D.N.I. N° 21.486.790) como Coordinador del Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP). Y la Resolución 144/2025 acepta la renuncia de la doctora Carla Giselle Curiel (D.N.I. N° 31.192.176) a la Dirección de Coordinación Técnica y Administrativa, para luego asignar esa función al doctor Fernando MONCY (D.N.I. N° 16.703.983), quien proviene del Instituto Geográfico Nacional.

Todos estos movimientos, aunque rutinarios en la administración pública, subrayan la temporalidad de muchos cargos directivos y la necesidad de cubrir funciones esenciales mientras se esperan los concursos definitivos. Para el ciudadano, esto implica una constante adaptación en la gestión estatal, donde la estabilidad de los equipos puede verse comprometida por la transitoriedad de las designaciones. El gasto que demandan estas prórrogas y nombramientos se imputa a las partidas presupuestarias ya existentes, sin generar erogaciones extraordinarias.