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Acuerdos salariales para médicos de la actividad privada fueron homologados, incluyendo ajustes y bonos. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano vuelve a advertir sobre la naturaleza "no remunerativa" de algunas sumas, generando incertidumbre en el sector de la salud.
El pulso del sector de la salud, siempre crítico, también se hizo sentir en el Boletín Oficial. La Disposición 1406/2025 registra los acuerdos y escalas salariales celebrados entre la ASOCIACIÓN DE MÉDICOS DE LA ACTIVIDAD PRIVADA y la empresa ADMINISTRADORA SANATORIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANÓNIMA. Estos pactos, con fechas de 29 de abril y 12 de junio de 2024, se enmarcan en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1691/23 “E” y buscan actualizar las remuneraciones de los profesionales médicos.
En un contexto de alta inflación, estos ajustes salariales son una bocanada de aire fresco para los médicos de la actividad privada. Sin embargo, la historia se repite: el Ministerio de Capital Humano, a través de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, hizo una advertencia crucial respecto al carácter atribuido a los incrementos pactados. El texto oficial insta a las partes a tener presente lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo).
Esta reiterada advertencia significa que cualquier suma que las partes hayan acordado como "no remunerativa" podría ser reevaluada por el Estado y considerada como parte del salario con todos los efectos legales. Esto incluye el cálculo de aportes y contribuciones a la seguridad social, vacaciones, aguinaldo e indemnizaciones. Para los profesionales de la salud, que a menudo tienen estructuras de ingresos complejas, esta clarificación es fundamental para la planificación de sus finanzas personales y su futuro laboral.
Para la Administradora Sanatorial Metropolitana S.A. y otras empresas del rubro, la advertencia es un recordatorio de que las estrategias para optimizar los costos laborales mediante la figura de "no remunerativos" están bajo escrutinio. La redefinición de estas sumas podría implicar un aumento en los costos operativos y, potencialmente, en los precios de los servicios de salud, o una presión sobre la rentabilidad en un sector ya de por sí sensible. El Gobierno busca así blindar la recaudación y los derechos laborales plenos, dejando en claro que la letra de la Ley de Contrato de Trabajo tiene peso. Para mantenerse informado sobre futuras implicaciones, se recomienda consultar las comunicaciones de los gremios médicos y el Ministerio de Capital Humano.
