Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
La Provincia *reorganiza* el registro de empresas fúnebres, endurece controles y digitaliza trámites de defunción, buscando *transparencia y celeridad*. ¡Se acabaron los vivos de siempre!
La Dirección Provincial del Registro de las Personas de Buenos Aires lanzó una bomba reglamentaria que sacude al sector funerario. A partir de ahora, todas las empresas que operen en la provincia deberán inscribirse en un nuevo y estricto “Registro de Empresas de Servicios Fúnebres”. ¿El objetivo? Ponerle coto a la informalidad y garantizar la seguridad jurídica en un momento tan sensible como la defunción.
Esta medida, que deroga disposiciones anteriores, busca modernizar y unificar los procedimientos de registro de defunciones, impulsando la digitalización. Ya no será "exclusivo y obligatorio" el sistema en línea para las funerarias, abriendo la puerta a que otros organismos también lo usen.
Las empresas deberán presentar una batería de documentos: DNI de socios, habilitación municipal vigente, cartas poder para sus mandatarios y un correo electrónico para notificaciones. Además, se exigirá la suscripción de una “Constancia de Inscripción” y un “Acta Compromiso”, que detallará responsabilidades y penalidades.
"El incumplimiento de los plazos o requisitos llevará a una suspensión automática del registro", advierten las autoridades.
Para los ciudadanos, esto significa una mayor seguridad y transparencia en los trámites de defunción. Las empresas que no cumplan con la nueva normativa podrían enfrentar multas significativas, que van del 10% al 25% del sueldo básico de la categoría inicial administrativa de la Ley 10.430.
Contexto: La Ley N° 15.558 (Ley Impositiva 2026) ya había establecido nuevas tasas anuales para la inscripción de cocherías y el uso de la plataforma web de defunciones, lo que anticipaba este endurecimiento.
Esta movida oficial busca cerrarle el cerco a las prácticas irregulares y obligar al sector a profesionalizarse y transparentarse, un reclamo histórico de muchos bonaerenses.