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El Ministerio de Justicia acelera la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en Córdoba, pero patea la pelota para Posadas y La Plata. Una reforma clave para la justicia federal que avanza con avances y retrocesos, ¿garantizando la eficiencia o solo generando más incertidumbre en el sistema?
La Reforma Judicial que promete cambiar la cara de la justicia penal federal en Argentina sigue su curso, pero no sin sobresaltos. El Ministerio de Justicia acaba de publicar una resolución que es un verdadero golpe de efecto en el cronograma de implementación del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019). Mientras que la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba se prepara para la plena vigencia del nuevo sistema acusatorio a partir del 15 de junio de 2026, otras jurisdicciones como Posadas y La Plata ven sus fechas de implementación nuevamente diferidas, hasta el 24 de agosto de 2026 y el 30 de noviembre de 2026 respectivamente.
La medida principal es el impulso definitivo para Córdoba, una plaza clave en el interior del país, que adoptará el sistema acusatorio donde los fiscales toman un rol central en la investigación, dejando al juez como garante de los derechos. Sin embargo, el "tire y afloje" con Posadas y La Plata, que ya habían sufrido postergaciones, genera interrogantes sobre la capacidad de adaptación del sistema. Este diferimiento se justifica en la necesidad de "fortalecer la previsibilidad del proceso" y "concluir, de manera ordenada, las acciones preparatorias necesarias".
Para los ciudadanos, la implementación del sistema acusatorio promete una justicia más ágil, transparente y eficiente, especialmente en la lucha contra el crimen organizado y los delitos complejos que suelen caer bajo la órbita federal. Esto es una excelente noticia para la seguridad jurídica. Sin embargo, los constantes cambios en el cronograma, aunque se argumente que buscan una mejor adaptación, pueden generar incertidumbre y desconfianza en la planificación estatal. Para el sector legal, implica una adaptación permanente y un esfuerzo constante en capacitación y recursos.
El proceso de reforma se inició en 2014, pero el Decreto de Necesidad y Urgencia N° DNU-2024-188-APN-PTE del 23 de febrero de 2024 fue un punto de inflexión, buscando reactivar una implementación que se consideraba "estancada". El Ministerio ha realizado "aportes históricos" en infraestructura, como la puesta a disposición de edificios clave (el "PRESIDENTE DR. RAÚL RICARDO ALFONSÍN" y "La Monedita" para la Procuración General de la Nación), la mejora de salas de audiencia en Comodoro Py, y la adquisición de tecnología de punta como los sistemas UFED para análisis forense digital. Todo esto con un objetivo claro: consolidar una "política de Estado" que trascienda los gobiernos.
Esta resolución es un claro mensaje de que la reforma es una prioridad, pero también expone las dificultades logísticas y de coordinación que implica un cambio de esta magnitud. La inversión en infraestructura y tecnología es vital, pero la resistencia al cambio o la falta de recursos humanos y materiales en algunas jurisdicciones puede ser un freno importante. La previsibilidad es clave para el éxito, y los diferimientos, aunque se justifiquen, no contribuyen a ella. La sociedad espera que estos ajustes sirvan para afianzar un sistema que realmente combata la impunidad y no para dilatar una reforma urgente.
