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El Instituto Nacional de Semillas (INASE) modificó las fechas de vencimiento y duplicó la penalidad por pago fuera de término del arancel anual del Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares. La medida busca mayor eficiencia y control, digitalizando procesos y exigiendo una anualidad al inscribir.
El INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE) ha sacudido el tablero del sector agropecuario con la Resolución 68/2025, que introduce cambios significativos en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares. A partir de ahora, la fecha de vencimiento para el pago del arancel anual será el 31 de julio para el año 2025 y, desde el 2026 en adelante, el 31 de mayo de cada año. Esta modificación busca alinear los pagos dentro del mismo ejercicio fiscal, una movida que impactará directamente en la planificación financiera de los obtentores y productores.
Pero el plato fuerte de esta resolución es el drástico aumento de la penalidad por pago fuera de término, que ahora asciende a un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor vigente del arancel. Esto es un golpe importante si se compara con la normativa anterior y busca disuadir la morosidad, que según el INASE, no representaba una diferencia significativa. "No queremos que el pago tardío sea una opción barata", parece ser el mensaje subliminal.
Además, se establece la obligatoriedad de abonar una anualidad al momento de la inscripción del cultivar y, a partir del año posterior, el pago del arancel anual deberá realizarse exclusivamente a través del “Portal de servicios INASE”. Este portal, al que se accederá desde la página web del instituto, será operado por el representante legal del titular con su clave fiscal, lo que implica una digitalización y centralización sin precedentes en el proceso. Los titulares también deberán mantener actualizados los datos de sus representantes legales.
Estas medidas, que derogan resoluciones previas (Nº 337/2016 y el artículo 3º de la Nº 464/2009), buscan fortalecer el sistema sancionatorio y simplificar la gestión, garantizando que los creadores o descubridores de nuevos cultivares cumplan con sus obligaciones, bajo pena de que sus creaciones pasen a ser de uso público. Para los actores del sector, esto significa mayor rigurosidad administrativa, pero también la promesa de un sistema más ágil y transparente.