Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Estado digitaliza por completo el trámite de baja y desarme de vehículos, eliminando burocracia, papeles y costos. Una medida audaz para combatir el robo de autos y la venta ilegal de repuestos.
El Boletín Oficial acaba de publicar el Decreto 536/2025, una verdadera bomba para el circuito de desarmaderos y la comercialización de autopartes usadas en Argentina. El Gobierno, con la firma de Milei, Francos y Cúneo Libarona, ha decidido dar un golpe de timón tecnológico para "desalentar prácticas irregulares y contribuir a la protección de la seguridad pública". ¡Prepárense para una era sin papeles y con control en tiempo real!
Este decreto modifica el viejo Decreto N° 744/04, que regulaba la Ley N° 25.761, y lo adapta a la era digital. ¿Qué implica esto? Ni más ni menos que la digitalización plena de todo el proceso de baja y desarme de automotores. Se acabaron los procedimientos manuales, las fotos impresas y las entregas de materiales físicos que "encarecían y dilataban los trámites".
Ahora, la DNRPA (Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios) implementará una plataforma digital donde se gestionarán los legajos de baja, se cargará remotamente el listado de piezas recuperables y se emitirá el Certificado de Baja y Desarme en formato electrónico. ¡Incluso la identificación de las autopartes reutilizables tendrá un código digital asignado para garantizar su trazabilidad!
"La incorporación de procesos digitales no solo simplificará la gestión administrativa, sino que mejorará la trazabilidad efectiva de la comercialización de autopartes y permitirá detectar irregularidades en tiempo real, lo que contribuye a desarticular canales de comercialización ilegítimos."
Las autoridades tienen un plazo de 60 días corridos para adecuar sus sistemas, y la omisión en la gestión digital de solicitudes será sancionada a partir del 1° de enero de 2026. Es un cambio de paradigma que busca modernizar una actividad históricamente opaca, con la promesa de más seguridad para todos los ciudadanos.