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Mientras el país ajusta el cinturón, el Ministerio de Justicia extiende designaciones transitorias y asigna nuevas funciones ejecutivas. Mariel Alonso y Roxana Lodico asumen roles clave en medio de una burocracia que busca estabilidad en sus cuadros, desafiando las restricciones presupuestarias.
En tiempos de supuesta austeridad y recortes en el Estado, el Ministerio de Justicia muestra que la burocracia sigue su curso, con la prórroga de designaciones y la asignación de nuevas funciones ejecutivas. Las Disposiciones 18/2026 y 19/2026 de la Subsecretaría de Gestión Administrativa revelan movimientos internos para mantener la operatividad, aunque sea con carácter transitorio.
La Disposición 18/2026 aprueba la prórroga de la designación transitoria de la señora Mariel ALONSO (D.N.I. Nº 29.433.608) como Coordinadora de las Leyes N° 24.321, N° 24.411 y N° 25.914 en la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias, dependiente de la ex Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Las extensiones cubren un largo período, desde el 3 de enero de 2024 hasta el 24 de agosto de 2025. La justificación: no se ha podido tramitar el proceso de selección para cubrir el cargo de manera permanente. Esto resalta un desafío constante en la administración pública: la dificultad para estabilizar los cuadros de personal y la prevalencia de las designaciones transitorias.
Por su parte, la Disposición 19/2026 asigna con carácter transitorio la función de Coordinadora de la COORDINACIÓN LEYES N° 24.043, N° 26.564 Y EXILIO FORZADO a la abogada Roxana Carmen LODICO (D.N.I. N° 21.602.541). Esta asignación, que va del 16 de septiembre de 2024 al 24 de agosto de 2025, es particularmente notable porque se realiza con carácter de excepción por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 112 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal (SINEP). A pesar de estas excepciones, se autoriza el pago correspondiente a la Función Ejecutiva Nivel IV, lo que implica una mejora salarial para la agente.
Ambas medidas, aunque administrativas, son relevantes para el funcionamiento interno del Ministerio de Justicia, especialmente en áreas sensibles como las políticas reparatorias y de derechos humanos. Reflejan la necesidad de asegurar la continuidad de la gestión, incluso si implica recurrir a mecanismos transitorios y excepciones a la norma. Si bien el Decreto N° 934/2025 establece restricciones para nuevas designaciones, estas prórrogas y asignaciones se enmarcan en las excepciones previstas, demostrando la flexibilidad que aún tiene la administración para gestionar su personal.
Para el ciudadano común, estos movimientos internos suelen pasar desapercibidos, pero son parte del engranaje que mantiene funcionando las áreas gubernamentales. La transparencia en estos procesos y la eventual convocatoria a concursos para cubrir cargos de forma definitiva son aspectos clave para una gestión pública eficiente y creíble.
