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La Secretaría de Energía extiende, una vez más, la habilitación provisoria de siete gigantes hidroeléctricos para operar en el Mercado Eléctrico Mayorista. ¿Estabilidad forzada o postergación crónica de concesiones definitivas?
En un movimiento que busca mantener a flote la operación de importantes generadoras, la Secretaría de Energía ha dictado las Resoluciones 509/2025, 510/2025, 511/2025, 512/2025, 513/2025, 514/2025 y 515/2025, extendiendo hasta el 31 de diciembre de 2030 la autorización provisoria para que varias centrales hidroeléctricas sigan funcionando como Agentes Generadores en el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM). Esta decisión, que se repite año tras año, evidencia una dificultad sistémica para formalizar los contratos de concesión definitivos, previstos en la Ley N° 15.336.
Las empresas y centrales beneficiadas por esta nueva "patada para adelante" son:
En todos los casos, el meollo del asunto es el mismo: "aún no se han perfeccionado los procedimientos previos a la suscripción del Contrato de Concesión" con el ESTADO NACIONAL. Estas prórrogas se justifican por "criterios de oportunidad, mérito y conveniencia" y en aras de la "simplificación de los trámites administrativos", una frase que para muchos suena a la aceptación de una ineficiencia burocrática crónica.
Para las empresas, estas resoluciones significan una bocanada de aire y estabilidad operativa a corto y mediano plazo, evitando la incertidumbre de vencimientos inminentes. Sin embargo, la falta de contratos definitivos puede generar una situación de precariedad legal a largo plazo, afectando la planificación de inversiones estratégicas y el acceso a financiamiento.
Para el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), la medida asegura la continuidad del suministro de estas importantes centrales, lo cual es fundamental para la seguridad energética del país. Sin estas prórrogas, el sistema podría enfrentar desequilibrios significativos.
Para el ciudadano, el impacto directo es la garantía de que estas fuentes de energía seguirán aportando al sistema, evitando posibles cortes o subas de costos por la interrupción de su operación. No obstante, la situación subraya la necesidad de una gestión más eficiente y transparente en la formalización de las concesiones de infraestructura crítica, un tema que lleva décadas sin resolverse de forma definitiva.
