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El Gobierno homologa acuerdos clave que impactan directamente el bolsillo de miles de trabajadores de seguridad en todo el país, con aumentos salariales y aportes sindicales bajo la lupa. ¿Cuánto cobrarán los vigiladores y qué pasa con los fondos del gremio?
La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo del Ministerio de Capital Humano acaba de dar el visto bueno a cuatro acuerdos paritarios fundamentales que sacuden el tablero del sector de seguridad privada. Estas disposiciones (2481, 2482, 2483 y 2484/2025) no son un mero trámite: establecen nuevos pisos salariales para miles de vigiladores y empleados de seguridad en distintas jurisdicciones, desde la Unión de Empleados de Seguridad y Vigilancia hasta el Sindicato Único de Vigilancia y Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas de Córdoba (SUVICO) y el Sindicato de Seguridad e Investigaciones Privadas (SSIP), todos negociando con la poderosa Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI).
¿Qué significa esto para el trabajador común? Más dinero en el bolsillo, un respiro frente a la inflación galopante. Los acuerdos pactan "incrementos salariales" y "nuevas condiciones salariales" en el marco de diversos Convenios Colectivos de Trabajo (762/19, 675/13, 422/05, 782/20). Sin embargo, hay un asterisco: el Ministerio advierte a las partes sobre el carácter no remunerativo de algunas sumas, un punto sensible que podría afectar futuros cálculos de indemnizaciones y aportes.
Además, se pone la lupa sobre las contribuciones empresarias con destino a la entidad sindical. El Gobierno exige que estas sean objeto de una administración especial, llevadas y documentadas por separado. Esto busca mayor transparencia en el manejo de los fondos gremiales, un tema que siempre genera controversia y debate público. Para las empresas, implica ajustar sus estructuras de costos y cumplir con las nuevas escalas, mientras que para los sindicatos, la homologación les da respaldo legal a sus negociaciones.
En el horizonte, queda pendiente la evaluación para fijar el tope indemnizatorio según el Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, un paso que definirá el costo de los despidos en el sector. Estas medidas, aunque técnicas, tienen un impacto directo en la economía familiar de los trabajadores y en la estructura de costos de las empresas de seguridad.
