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La Jefatura de Gabinete adjudicó megacontratos para papel y agua en un proceso marcado por ofertas "inconvenientes por precio". ¿Transparencia o derroche en tiempos de ajuste?
En el corazón de la administración pública, la Jefatura de Gabinete de Ministros acaba de cerrar dos licitaciones públicas de alto impacto presupuestario, adjudicando contratos millonarios para la provisión de papel obra y agua potable/mineralizada para todas las dependencias nacionales. Las Decisiones Administrativas 15/2025 y 16/2025 confirman la adjudicación a una larga lista de empresas que abastecerán al Estado por un año, con opción a prórroga.
En la licitación de papel (Licitación Pública Nacional de Etapa Única N° 999-0001-LPU25), empresas como ALAS PAPELES DEL SUR S.A., FORMATO S.A. y PAPELERA PERGAMINO S.A.I.C.A. se llevaron la mayor parte de los renglones. Sin embargo, el documento revela que varias ofertas fueron excluidas o desestimadas por ser "inconvenientes por razones de precio" o "inadmisibles". Esto plantea la pregunta de si el Estado está logrando los mejores precios en un contexto de ajuste fiscal.
Similar situación se dio con el agua (Licitación Pública Nacional de Etapa Única N° 999-0003-LPU25), donde AKUA S.A., EMBOTELLADORA SICILIA S.R.L. y COMPAÑÍA AGUASOLA S.R.L. fueron las principales adjudicatarias. Aquí también hubo exclusiones por "inconvenientes por razones de precio", a pesar de la intervención de la Sindicatura General de la Nación con sus informes de precios testigo.
Para el ciudadano, estas licitaciones representan gastos corrientes fundamentales para el funcionamiento del Estado. La crítica se centra en la eficiencia del gasto: ¿se están optimizando los recursos o el Estado sigue pagando precios por encima del mercado? La delegación de la facultad de prorrogar estos acuerdos en la Oficina Nacional de Contrataciones también abre un interrogante sobre la centralización de estas decisiones a futuro. En un país con la soga al cuello, cada peso cuenta, y estas megacontrataciones siempre están bajo la lupa.