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Una licitación clave para equipar con librería a toda la Administración Pública Nacional, que involucraba a diez empresas, quedó anulada. ¿El motivo? Demoras administrativas y cambios políticos que hicieron que los plazos vencieran, dejando a los oferentes con un palmo de narices y al Estado sin sus insumos. ¡Un verdadero escándalo!
¡Atención, contribuyentes! Lo que debería ser un proceso transparente y eficiente para abastecer de insumos básicos a la Administración Pública Nacional terminó en un rotundo fracaso. La Licitación Pública de Etapa Única Nacional N° 999-0007-LPU24, que buscaba seleccionar proveedores de artículos de librería por seis meses (con opción a prórroga), fue declarada 'sin efecto' por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC). Imaginate el quilombo: los expedientes volaron de una oficina a otra, pasaron por dictámenes legales y, de repente, ¡todo a la basura!
La licitación, que prometía un contrato importante para la provisión de 308 renglones de librería, recibió ofertas de diez empresas de peso en el sector, entre ellas MARKETING DIMENSION S.A., GESTIÓN Y ASESORÍA S.R.L. y CONGRESO INSUMOS S.A., además de varios oferentes individuales. La apertura de sobres fue en mayo de 2024, el dictamen de evaluación en julio del mismo año. Pero la burocracia, sumada a los 'cambios de autoridades' en la Jefatura de Gabinete de Ministros, demoró la firma del acto administrativo final. ¿El resultado? Los plazos para mantener las ofertas, y hasta su prórroga automática, ¡simplemente vencieron!
Según la Disposición 95/2025, el Estado se amparó en el Artículo 20 del Decreto N° 1023/01, que le permite 'dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes'. Es decir, las empresas que invirtieron tiempo y recursos en preparar sus ofertas se quedan con las manos vacías y sin compensación alguna. Un golpe bajo para el sector privado que busca hacer negocios con el Estado.
"Las jurisdicciones o entidades podrán dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes."
Ahora, el Estado deberá iniciar un nuevo proceso para conseguir esos artículos de librería, lo que implica más tiempo y, probablemente, más costos. Un claro ejemplo de cómo la ineficiencia administrativa y los vaivenes políticos pueden generar un costo para todos los argentinos.
