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Un 'desliz' administrativo forzó al Ministerio de Infraestructura bonaerense a emitir una adenda para corregir un porcentaje erróneo en el convenio de renegociación de la obra "Casa de Provincia-Municipalidad de Mar Chiquita". ¿Quién pagará los platos rotos por este descuido?
El Boletín Oficial bonaerense reveló una situación que encendió las alarmas en la gestión de obras públicas: la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos tuvo que salir a "rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos" en un convenio ya aprobado. Se trata de la obra "Casa de Provincia-Municipalidad de Mar Chiquita", un proyecto que ya venía con un historial de renegociaciones.
La Resolución N° 22-SSOPMIYSPGP-2026 aprueba una adenda al Convenio de Renegociación de Contrato con la firma CONSTRUCCIONES SADDEMI S.A.. El meollo del asunto: un "error involuntario" en la cláusula tercera del convenio de renegociación, donde se consignó un porcentaje erróneo para la devolución del anticipo financiero otorgado. En criollo, se equivocaron en cuánto se le debía descontar a la empresa de cada certificado de obra para devolver el adelanto que ya había recibido.
Si bien se presenta como una corrección administrativa amparada en el Decreto Ley N° 7.647/70, que permite subsanar errores materiales, la situación no deja de generar interrogantes. ¿Cómo es posible que un error de esta magnitud, que afecta directamente el flujo de fondos de una obra pública, pase desapercibido en la aprobación inicial de un convenio de renegociación? Para los ciudadanos, esto significa que el manejo de los fondos públicos no siempre es tan pulcro como debería, obligando a posteriores enmiendas que, aunque necesarias, revelan una falta de rigor en los controles iniciales.
"En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos", reza el Artículo 115 del Decreto Ley N° 7.647/70, la base legal para este "parche".
Para la empresa CONSTRUCCIONES SADDEMI S.A., la corrección implica ajustar sus proyecciones financieras para la devolución del anticipo. Para la provincia, es un recordatorio de la necesidad de extremar la atención en la redacción y revisión de los contratos que involucran fondos estatales. La Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado intervinieron, lo que subraya la seriedad del proceso de corrección.
¿Cómo se mantiene informado el ciudadano? Es crucial seguir de cerca las resoluciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos en el Boletín Oficial, ya que suelen ser el termómetro de la gestión de obras y el destino de los fondos públicos. Este episodio es un claro ejemplo de que, hasta en los detalles aparentemente menores, se juegan millones de pesos y la confianza de la gente.
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