Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense aprueba dos contratos de locación de obra por cifras impactantes, sumando más de 25 millones de pesos para dos profesionales. ¿Qué tareas justificarán semejante desembolso de fondos públicos?
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires ha movido el tablero con la aprobación de dos contratos de locación de obra que, sin duda, darán que hablar. Las resoluciones 331 y 332 oficializan la incorporación de Ricardo Augusto NISSEN y Lorena Alejandra Encarnación NUÑEZ por sumas que llaman la atención.
Por un lado, se aprueba el contrato con Ricardo Augusto NISSEN (DNI 10.390.762), con una erogación de $13.800.000,00. Por el otro, se da luz verde al contrato de Lorena Alejandra Encarnación NUÑEZ (DNI 23.618.323), por un monto de $12.000.000,00. En total, el Ministerio destinará $25.800.000,00 a estas dos contrataciones en el marco del Presupuesto General Ejercicio 2026.
Si bien el objeto específico de los servicios se describe genéricamente como "locación de obra", el detalle de las tareas exactas no es público en estas resoluciones. Se menciona que se ha constatado la inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades, un paso burocrático estándar, pero la falta de transparencia sobre la naturaleza de los servicios por montos tan elevados genera interrogantes.
Estas contrataciones reavivan el debate sobre la eficiencia del gasto público y la necesidad de recurrir a servicios externos por cifras tan significativas, en lugar de fortalecer la planta permanente. En un contexto donde cada peso cuenta, los ciudadanos tienen el derecho y la necesidad de saber con precisión qué tipo de servicios se adquieren y si realmente justifican estas inversiones millonarias.
Es crucial que la administración provincial brinde mayores detalles sobre el alcance y los entregables de estos contratos para asegurar que los fondos públicos se utilicen de manera óptima y transparente. La sociedad espera que estas inversiones se traduzcan en mejoras concretas en los servicios de justicia y derechos humanos.
