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El Gobierno fusiona COVIARA, la constructora de viviendas para la Armada, con Playas Ferroviarias S.A., buscando 'eficiencia' y 'racionalización administrativa' en una movida que redefine el rol estatal en el real estate.
El Poder Ejecutivo, a través del Decreto 117/2025, ha orquestado una reestructuración profunda en el sector inmobiliario estatal. La Empresa del Estado CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA ARMADA (COVIARA) se transformará primero en una Sociedad Anónima Unipersonal (COVIARA SAU) y, acto seguido, será absorbida por PLAYAS FERROVIARIAS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA. Esta jugada, que se inscribe en la visión de 'ordenar y equilibrar las cuentas públicas', busca una supuesta mayor eficiencia y racionalización administrativa.
Según el decreto, el objetivo es reducir costos administrativos y lograr una mayor escala en las iniciativas de construcción y desarrollo urbano. La unificación de capacidades y experiencia promete potenciar el desarrollo inmobiliario y optimizar el uso de recursos financieros y operativos. Es un claro movimiento de achicamiento del Estado y redefinición de sus funciones, en línea con el Decreto N° 70/23 y la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742.
PLAYAS FERROVIARIAS DE BUENOS AIRES S.A., cuyos accionistas son la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) con el 90% y la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (AABE) con el 10%, se convierte así en el nuevo gigante estatal del real estate. COVIARA SAU, una vez transformada, se disolverá sin liquidarse, transfiriendo todo su patrimonio al nuevo ente. Esto implica que la construcción de viviendas para el personal de la Armada, una función histórica de COVIARA, quedará bajo el paraguas de esta nueva estructura consolidada.
Para el ciudadano, esta fusión podría significar un cambio en la dinámica de los proyectos de vivienda y desarrollo urbano con participación estatal, buscando una gestión más ágil y, teóricamente, menos burocrática. Sin embargo, la centralización de estas funciones también plantea interrogantes sobre la transparencia y el control en la asignación de recursos y proyectos. La Unidad Ejecutora Especial Temporaria “AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS” será la encargada de coordinar todo el proceso.
