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El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) ha desatado una ola de sanciones, retirando la autorización para funcionar a una cooperativa clave y cancelando la inscripción a casi veinte más. ¡El sector social está en jaque!
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) ha puesto la lupa sobre el sector y los resultados son lapidarios: una serie de avisos oficiales revelan un ajuste de tuercas sin precedentes. La Cooperativa de Provisión y Comercialización Talleristas Textiles Limitada, con Matrícula N.º 8.733 y CUIT 30-59495695-4, ha recibido la peor noticia: el retiro de su autorización para funcionar por infracción al artículo 101.º inciso 3 de la Ley N.º 20.337. Un golpe directo a una entidad que representaba un motor para el trabajo textil en Luján.
Pero la cosa no termina ahí. En una barrida masiva, el INAES ha cancelado la inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas a casi veinte entidades más. Entre ellas, cooperativas de trabajo ("20 de Noviembre", "Proyecsur", "Cofque Ruca", "Raymapu", "El Sol", "COTRASEP", "Neuquén", "12 de Septiembre", "29 de Noviembre", "1 de Mayo"), de vivienda y consumo ("Puhuma", "COVISEQ"), apícolas y agropecuarias ("Cordillera Patagónica", "Truful"), de agua potable y servicios públicos ("Colonia Julia y Echarren", "Darwin"), y vitivinícolas ("General Conesa"). ¡Una purga que impacta en diversas industrias y regiones del país!
Estas medidas, aunque administrativas, tienen un impacto social y económico devastador para las comunidades que dependían de estas estructuras. La cancelación de matrículas y el retiro de autorizaciones implican la imposibilidad de operar legalmente, afectando directamente a miles de asociados y sus familias. El INAES argumenta que estas acciones se basan en el incumplimiento de la normativa vigente, buscando fortalecer la transparencia y el correcto funcionamiento del modelo cooperativo y mutualista.
Además, el organismo ha notificado a la ASOCIACIÓN MUTUAL SOBERANÍA Y OTROS (Matrícula CBA 825) y a varios de sus exdirectivos – Rosana María Franza (DNI 18.177.578), Eliana Pautasso (DNI 35.544.544), Juan Manuel Guevara (DNI 10.585.239) y María Laura José (DNI 14.750.029) – sobre la clausura del período probatorio de un sumario en su contra, otorgándoles un plazo de 10 días para presentar sus alegatos. Esto subraya la mano dura del INAES en su rol de fiscalizador.
Para los ciudadanos, es una señal de que el Estado busca ordenar el sector, aunque el costo social de estas decisiones puede ser alto. Las entidades afectadas tienen la opción de interponer diversos recursos administrativos y judiciales, pero el camino será arduo.
