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La Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, el cerebro detrás de la normativa oficial, designa transitoriamente a dos directores clave para fortalecer el seguimiento de procesos y la elaboración de legislación estratégica.
La Secretaría Legal y Técnica (SLYT) de la Presidencia de la Nación, el engranaje fundamental para la maquinaria normativa del Estado, ha realizado dos nombramientos transitorios de alto perfil. Estas designaciones buscan garantizar la continuidad y eficiencia en el crucial trabajo de seguimiento y elaboración de la normativa que rige al país. ¡Una señal de que en Balcarce 50 no se detiene la producción de leyes y decretos!
La Resolución 21/2026 designa con carácter transitorio al Dr. Mateo TROSSERO (D.N.I. N° 42.471.906) como Director Nacional de Seguimiento de Procesos Normativos Prioritarios. Este cargo, de Nivel A y Función Ejecutiva Nivel I, es vital para monitorear el avance de la legislación más importante para el Gobierno. La designación se extiende por CIENTO OCHENTA (180) días hábiles y, al igual que en otros nombramientos recientes, se realiza con “autorización excepcional” por no reunir el doctor Trossero los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SINEP (Sistema Nacional de Empleo Público). Esto demuestra la necesidad de cubrir rápidamente estas funciones estratégicas, priorizando la capacidad de gestión.
En paralelo, la Resolución 22/2026 nombra transitoriamente al Dr. Juan José SUNDBLAD (D.N.I. N° 43.573.660) como Director Nacional de Elaboración de Normativa Estratégica. Este puesto, también de Nivel A y Función Ejecutiva Nivel I, es fundamental para la redacción y perfeccionamiento de las normas que definen el rumbo del Estado. La duración de su designación es idéntica, CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, y también se efectúa con “autorización excepcional” por no cumplir con los requisitos mínimos del SINEP.
Ambas designaciones son cruciales para la SLYT, especialmente tras la supresión de la ex Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo y la transferencia de sus responsabilidades. Estos movimientos aseguran que la Presidencia cuente con los equipos necesarios para gestionar el complejo entramado legal y técnico que sostiene la administración pública.
