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El Instituto de Previsión Social bonaerense lanza una cacería de "jubilados activos", cruzando datos para detectar incompatibilidades y exigir justificaciones en 15 días o cortar los beneficios.
El Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires ha encendido las alarmas para miles de jubilados. A través de las Resoluciones N° 32820 y 32.821, el organismo previsional puso en marcha un estricto control para detectar a quienes perciben haberes jubilatorios mientras continúan trabajando en relación de dependencia, una práctica incompatible según el artículo 60° del Decreto-Ley N° 9650/80.
La medida surge de cruces informáticos devastadores entre la base de datos de beneficios activos del IPS y las bases de la A.N.S.E.S. (en el caso de la 32820) y del R.U.P.A. (Registro Único y Permanente de Afiliados, para la 32.821). Estos "big data" al estilo Gran Hermano revelaron una cantidad indeterminada de beneficiarios en situación irregular.
Los afectados tienen ahora un plazo perentorio de quince (15) días desde la notificación para presentar una montaña de documentación: decretos de designación y cese, certificaciones de servicios, constancias de baja como empleado, y cualquier otro papel que acredite la finalización de su relación laboral o, en su defecto, las excepciones previstas por la ley (como los servicios docentes, que requieren un informe detallado).
El IPS será implacable: procederá a la suspensión preventiva inmediata del pago de la totalidad de los beneficios. Además, se liquidará un "cargo deudor" por los haberes percibidos indebidamente, que deberá ser reintegrado.
"La norma establece la obligación por parte del jubilado que se reintegrare o continuare en tareas en relación de dependencia, de denunciar expresamente y por escrito dicha circunstancia."
Esta movida del IPS busca ordenar las cuentas y garantizar la legalidad en el uso de los fondos previsionales. Sin embargo, para los jubilados que desconocían la incompatibilidad o no regularizaron su situación, significa un golpe directo a sus ingresos y la obligación de correr contra el tiempo para evitar la quita de su jubilación. ¡Que nadie diga que no se avisó!
