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El INAES ha desatado una purga en el sector cooperativo y mutual, revocando autorizaciones a más de una veintena de cooperativas de trabajo y cancelando la matrícula de una mutual en Mar del Plata. ¿Es una limpieza o un ataque a la economía social?
Un verdadero terremoto sacude al sector de la Economía Social en Argentina. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) ha publicado dos avisos oficiales que confirman una drástica serie de revocaciones y cancelaciones, dejando a decenas de entidades en una situación crítica.
En un primer golpe, a través de la RESFC-2025-2158-APN-DI#INAES, el organismo resolvió revocar por contrario imperio las autorizaciones para funcionar de veinte cooperativas de trabajo. Estas cooperativas, con matrículas que van desde la N° 60.985 hasta la N° 69.934, y con CUITs como el 30-71758227-2 de COOP DE TRABAJO SOL NACIENTE LTDA o el 30-71774148-6 de COOPERATIVA DE TRABAJO GÉNEROS EN LUCHA LIMITADA, operaban principalmente en la provincia de Buenos Aires y abarcaban diversos rubros como construcción, comunicación, textil y servicios integrales. La "revocación por contrario imperio" implica que se anulan actos administrativos previos, lo que sugiere que las autorizaciones originales podrían haber tenido vicios o que las entidades no cumplieron con requisitos posteriores.
Pero la embestida del INAES no termina ahí. Mediante la RESFC-2025-2183-APN-DI#INAES, se procedió a cancelar la inscripción en el Registro Nacional de Mutualidades a la ASOCIACIÓN MUTUAL NUEVA VERDE A.MU.NU.VE, Matrícula N° 2822, con domicilio en Mar del Plata. Esta mutual, que ofrecía servicios a sus asociados, ahora se encuentra en la cuerda floja, con su funcionamiento legal en entredicho.
Las razones detrás de estas decisiones, aunque no se detallan explícitamente en los avisos, suelen vincularse a incumplimientos de la normativa vigente, irregularidades en la presentación de balances, falta de actividad real o desvirtuación del objeto social. Para las cooperativas y la mutual afectadas, la noticia es un baldazo de agua fría, dejándolas sin respaldo legal para operar.
"Estas medidas del INAES, si bien buscan transparentar y regular el sector, generan una enorme incertidumbre y preocupación entre los trabajadores y asociados de la economía social", comentó un referente del sector.
Los afectados tienen la posibilidad de interponer diversos recursos administrativos, como Revisión, Reconsideración, Aclaratoria o Alzada, con plazos que van de 5 a 30 días hábiles. También pueden optar por la acción judicial. Para los ciudadanos comunes, esto significa que la oferta de servicios y productos de estas cooperativas y mutuales podría verse interrumpida, afectando a miles de personas que dependen de ellas para su sustento o como prestadoras de servicios. Es fundamental que el INAES brinde claridad sobre los motivos y el proceso para evitar un impacto mayor en un sector tan sensible.
