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La Secretaría de Energía aprobó un presupuesto escalofriante de más de AR$1.388 millones para MEGSA en 2026, sumando un déficit de AR$80 millones de 2025, que deberán pagar los comercializadores de gas, encendiendo las alarmas sobre el costo de operar en el mercado energético.
¡Atención, operadores del gas! La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía ha soltado una bomba financiera con la Resolución 31/2026, aprobando un presupuesto anual para el MERCADO ELECTRÓNICO DE GAS S.A. (MEGSA) por la friolera de PESOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($1.388.080.258) para el año 2026. Como si fuera poco, se suma un déficit presupuestario de PESOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES ($80.361.163) arrastrado de 2025.
Este monto monumental está destinado a solventar el funcionamiento de la Réplica de Información de Despacho (RDD), una herramienta fundamental para transparentar el mercado de gas natural. La RDD, aunque vital, no es gratuita. La normativa establece que los costos de su operación deben ser cubiertos por un arancel que abonan los vendedores que registran acuerdos de compraventa de gas natural.
Los productores de gas natural que registran sus contratos en la RDD serán los encargados de financiar este presupuesto. El monto total, incluyendo el déficit de 2025, se dividirá en dos partes iguales para cada semestre de 2026 y se facturará en seis cuotas mensuales.
"Los máximos niveles y características de las comisiones, tasas y demás cargos por sus operaciones que la Sociedad Operadora aplicará a esos licenciatarios del MEG, deberán ser aprobados por la SECRETARÍA..."
Este arancelamiento, que ya venía de resoluciones anteriores (como la 9/2016 de la ex Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos), busca garantizar el funcionamiento de MEGSA, que no cuenta con ingresos suficientes de otras fuentes para mantener la RDD. La Secretaría de Energía justificó la medida argumentando que MEGSA asigna importantes recursos tecnológicos y humanos para mantener los estándares de calidad y seguridad de la información.
Este es un claro ejemplo de cómo la regulación estatal, incluso con fines de transparencia, puede generar costos considerables para los actores del mercado, impactando la cadena de valor energética.
