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Un decreto presidencial puso fin a la larga disputa administrativa de Luis Horacio Rizzo, agente civil de la Armada, que buscaba cambiar su categoría escalafonaria. La decisión oficial confirma su puesto y le abre la puerta a la vía judicial, dejando en claro que la burocracia estatal no cede fácil.
¡FIN DE LA LUCHA BUROCRÁTICA! El Gobierno Nacional ratifica reencasillamiento en la Armada y empuja a un civil a la justicia. El Decreto 706/2025 puso un punto final, al menos en la vía administrativa, a la prolongada disputa de Luis Horacio Rizzo (D.N.I. N° 20.636.229), un agente civil de la ARMADA ARGENTINA. Rizzo venía batallando desde 2017 contra su clasificación en el Agrupamiento Profesional, Nivel III, Grado 4, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, alegando una asignación errónea.
La saga de Rizzo incluyó un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra la Resolución del MINISTERIO DE DEFENSA N° 614/17, que lo había ubicado. Tras un rechazo previo en 2024 (Resolución N° 710/24), la cuestión escaló al Poder Ejecutivo. El decreto presidencial ahora ratifica la decisión original, afirmando que la asignación de Rizzo fue correcta y se ajustó estrictamente a la normativa vigente.
La argumentación se basó en la aplicación de los artículos 132 al 141 del Convenio Colectivo, considerando su categoría de revista al 30 de junio de 2015 (actualizada al 31 de octubre de 2016) y una antigüedad de ONCE (11) años y SIETE (7) meses. La fórmula para calcular el grado, dividiendo la experiencia laboral por TREINTA Y SEIS (36) meses, fue clave.
Aunque es un caso individual, esta ratificación por decreto establece un precedente. Para el vasto universo de empleados civiles de las Fuerzas Armadas, el mensaje es claro: la interpretación estatal de su convenio colectivo es firme, y las batallas por reclasificaciones en la vía administrativa son un desafío cuesta arriba.
'La vía administrativa ha quedado agotada', sentencia el Artículo 2° del decreto.
Esto empuja a Luis Horacio Rizzo a la vía judicial, otorgándole CIENTO OCHENTA (180) días hábiles judiciales para presentar su reclamo. La intervención de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO y el nuevo MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO demuestra que, a pesar de las promesas de 'desregulación', la administración pública mantiene un rigor estricto en la aplicación de sus propios procedimientos. Un recordatorio para quienes buscan modificar su situación laboral dentro del Estado: la burocracia sigue siendo un gigante inamovible.
