Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
La Autoridad Regulatoria Nuclear vuelve a habilitar personal y operaciones críticas de la CNEA, a pesar de deudas millonarias en tasas. ¿Interés público o privilegio inaceptable en el corazón de la energía atómica argentina?
Un nuevo capítulo en la saga de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) revela una situación que genera más preguntas que respuestas. A través de las Resoluciones 307/2025, 313/2025 y 339/2025, la ARN ha otorgado y renovado licencias y autorizaciones críticas para el personal y las operaciones de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA), incluyendo el funcionamiento del vital Laboratorio de Dosimetría Personal y de Área (DPA).
Lo más impactante es que estas habilitaciones se concretaron a pesar de que la CNEA registra deudas significativas en concepto de tasas regulatorias, un requisito ineludible según el Artículo 26 de la Ley N° 24.804. En al menos uno de los casos (Resolución 313/2025), se menciona explícitamente la deuda de la Factura N° 0001-00070804. La ARN justificó esta excepción citando "razones de interés público" y "oportunidad, mérito o conveniencia", argumentando la importancia de las actividades de la CNEA para el monitoreo radiológico ambiental y de personal, así como para la investigación y desarrollo.
Si bien se aplicarán intereses punitorios sobre las deudas, la decisión de pasar por alto el incumplimiento fiscal de una entidad estatal genera un fuerte debate. ¿Se aplica la misma rigurosidad a todos los actores del sector nuclear, o las entidades públicas gozan de un trato preferencial? Esta situación podría sentar un precedente controvertido sobre la equidad regulatoria en un sector tan sensible como el nuclear.
Para el ciudadano común, esto significa que, aunque las operaciones nucleares esenciales continúan, el principio de que "todos somos iguales ante la ley" se pone en tela de juicio cuando una entidad estatal no cumple con sus obligaciones financieras pero sigue recibiendo luz verde regulatoria. Es crucial que la transparencia sea total en estos casos para evitar suspicacias.