Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
La Oficina Nacional de Contrataciones dejó sin efecto una Licitación Pública clave para el abastecimiento de combustible y gestión de flota de la Administración Pública Nacional, por falta de oferentes en los renglones principales, un golpe a la eficiencia.
La Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) ha dictado la Disposición 79/2025, dejando sin efecto la Licitación Pública de Etapa Única Nacional N° 999-0006-LPU25. Este proceso era crucial para seleccionar, mediante la modalidad de acuerdo marco, a proveedores de combustibles de automotores y del servicio de gestión de flota para toda la Administración Pública Nacional por un plazo de DOS (2) años, con opción a UN (1) año adicional.
El motivo del fracaso es contundente: no se recibieron ofertas para los renglones N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4, que correspondían a los diferentes tipos de combustible. Solo hubo una única oferta para el Renglón N° 5, el Servicio de Gestión de Flota, presentada por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (CUIT N° 30-50001091-2).
La ONC había diseñado la licitación para maximizar la cantidad de proveedores y ofrecer un amplio abanico de soluciones, buscando la opción más ventajosa para el interés público. Sin embargo, la lógica contractual del acuerdo marco requería la existencia de proveedores seleccionados en los renglones de combustible para que el servicio de gestión de flota tuviera sentido. Al no haber oferentes para los combustibles, el objetivo perseguido no pudo ser cumplido, forzando la anulación.
Esta situación genera un gran interrogante sobre las condiciones del mercado de combustibles y la capacidad del Estado para asegurar servicios esenciales. La falta de interés de los proveedores en una licitación de esta magnitud podría significar mayores costos para el erario público si se recurre a compras directas o de emergencia, afectando directamente la eficiencia de la Administración Nacional y, en última instancia, al bolsillo de todos los argentinos. La medida subraya los desafíos que enfrenta el Gobierno para optimizar sus procesos de contratación.
