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El Ministerio de Seguridad bonaerense autorizó una *polémica* Contratación Directa N° 9/26 por $120.032.000 para módulos de oficinas portátiles. Con cláusula de duplicación y entrega exprés, la medida genera interrogantes sobre la transparencia y el uso de fondos públicos en la provincia.
¡Alerta máxima en la Provincia! El Ministerio de Seguridad bonaerense desató una tormenta de interrogantes al autorizar, vía Decreto N° 205/24, una Contratación Directa N° 9/26 que compromete $120.032.000,00 del presupuesto 2026. ¿El objetivo? Adquirir módulos portátiles para oficinas destinados a la crucial Dirección Provincial de Arquitectura Policial.
La polémica no es menor: se trata de una Contratación Directa, modalidad que, si bien legal bajo la Ley N° 13.981, reduce la competencia. Pero lo que realmente enciende las alarmas es la cláusula explosiva del artículo 5°: la provisión solicitada ¡podrá ser aumentada hasta en un cien por ciento (100 %)! Esto implica que el gasto final podría dispararse a $240 millones, sin necesidad de un nuevo proceso de aprobación.
La urgencia también es un factor clave: se exige un plazo de entrega de tan solo cuarenta (40) días corridos. ¿Por qué tanta prisa para una compra que se imputa al presupuesto del año 2026? Los documentos y pliegos están disponibles en https://pbac.cgp.gba.gov.ar, una ventana crucial para la fiscalización ciudadana.
La Comisión de Preadjudicación estará conformada por Norma A. Bonadeo (DNI 32.666.648), Carolina Domante (DNI 28.675.785), Natalia L. Gabrielloni (DNI 24.040.941), Gerardo Sebastián Ermili (DNI 28.052.578) y Valeria Yanina Fossaroli (DNI 28.768.409). Sus decisiones serán clave en este proceso.
"Esta medida, vital para la infraestructura policial, genera serias dudas sobre la eficiencia y la transparencia en el manejo de fondos públicos. Los contribuyentes merecen respuestas claras sobre esta millonaria inversión."
Para los ciudadanos, es fundamental estar atentos. La posibilidad de que un gasto estatal se duplique sin mayor escrutinio es un tema de gran impacto. ¿Se está garantizando el mejor uso de los recursos para equipar a nuestra fuerza de seguridad? La lupa pública debe estar sobre cada paso de esta controvertida contratación.
