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Una millonaria licitación privada sacude al Hospital San Martín de La Plata para adquirir equipamiento de microbiología vital, generando debate sobre la transparencia y la urgencia en la gestión de fondos públicos. ¿Prioridad o derroche?
El Boletín Oficial bonaerense ha revelado una explosiva disposición que pone en el ojo de la tormenta al Hospital Interzonal General de Agudos (H.I.G.A.) “Gral. San Martín” de La Plata. Se trata de la aprobación de una Licitación Privada Nº 43/2026 por la friolera de $87.120.000,00 destinada a la adquisición de "TIPIFICACIÓN LEVADURAS CON EQUIPAMIENTO" para su Servicio de Microbiología. Una suma que, en tiempos de ajuste, resuena fuerte en los pasillos de la administración pública.
La medida, firmada por el Director Ejecutivo Luis Martin Pedersoli Castellani, busca satisfacer una "necesidad imperiosa" del Laboratorio Central. La tipificación de levaduras es un proceso clave para el diagnóstico de infecciones fúngicas, lo que implica una mejora directa en la capacidad del hospital para identificar patógenos y, por ende, ofrecer tratamientos más precisos y rápidos a los pacientes. En criollo: detectar enfermedades a tiempo para salvar vidas.
Sin embargo, el uso de la figura de "Licitación Privada" (encuadrada en la Ley 13.981/09 y el Decreto Reglamentario Nº 59/19) siempre levanta cejas. Aunque legalmente amparada, la elección de esta modalidad, en lugar de una pública, suele ser motivo de controversia, alimentando suspicacias sobre la competencia y la posible falta de transparencia en la selección de proveedores. ¿Se garantizó la mejor oferta para el Estado y, en última instancia, para los bonaerenses?
La apertura de ofertas está pautada para el 18 de febrero de 2026 y el pliego de condiciones se publicará gratuitamente en los portales del Ministerio de Salud provincial. Para el ciudadano de a pie, esta inversión significa una potencial mejora en la calidad de los diagnósticos y tratamientos en uno de los hospitales más importantes de la provincia. La falta de este tipo de equipamiento puede traducirse en diagnósticos tardíos o erróneos, con consecuencias devastadoras para los pacientes.
Es fundamental que la ciudadanía siga de cerca estos procesos. La inversión en salud es vital, pero la vigilancia sobre cómo se gastan los fondos es un deber cívico para asegurar que cada peso invertido se traduzca en una mejora real y efectiva para el sistema público. La transparencia en estos procesos, sobre todo en cifras tan elevadas, no debería ser una opción, sino una obligación ineludible.
"La salud es un derecho, y la gestión de sus recursos, una responsabilidad inmensa que requiere la máxima claridad."
Mantenerse informado a través del Boletín Oficial y los sitios web oficiales del Ministerio de Salud es clave para fiscalizar estas decisiones que impactan directamente en el bolsillo y el bienestar de todos.

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