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La Provincia de Buenos Aires no da tregua contra el transporte ilegal y las irregularidades. Múltiples sanciones a particulares y empresas que operaban sin autorización o con personal no registrado, dejando al descubierto la precariedad y los riesgos en el servicio.
El Director Provincial de Fiscalización del Transporte de la Provincia de Buenos Aires ha lanzado un duro golpe contra las irregularidades en el servicio de pasajeros. En una serie de disposiciones que sacuden el sector, se aplicaron multas millonarias a infractores que ponían en riesgo la seguridad y la legalidad del transporte.
Se sancionó a Mariela Beatriz Gutierrez (DNI N° 31.534.615) y a Daniel Alberto Cantero (DNI N° 26.794.486) con multas de $146.945 pesos a cada uno. ¿El motivo? Realizar servicios de transporte de pasajeros desde La Plata hasta San Clemente con 36 personas, sin la debida autorización. Una clara violación a las normativas vigentes que, según las autoridades, busca garantizar la seguridad de los usuarios.
Pero no solo los particulares están en la mira. El Sr. Víctor Miguel Etchevest (CUIT N° 20-31391868-9), titular de una habilitación de transporte, recibió una multa de $73.472 pesos por permitir que personal no inscripto –un conductor sin el Registro de Servicios de Personal de Pasajeros (RSPPP)– operara un vehículo con diez pasajeros desde Avellaneda a La Plata. Una falta grave que expone la laxitud en los controles internos.
La Empresa TONERS VIAJES S.R.L. (CUIT 30-71582349-3) también fue multada con $146.945 pesos por realizar un servicio intercomunal sin la autorización correspondiente, transportando dos pasajeros entre Avellaneda y La Plata. Esto demuestra que la mira está puesta tanto en grandes como en pequeños operadores que eluden las regulaciones.
Estas medidas son un claro mensaje de que el Ministerio de Transporte bonaerense está intensificando los controles. Para los ciudadanos, implica un intento de asegurar que los servicios de transporte sean seguros y estén regulados. Para las empresas y particulares del rubro, es una advertencia: cumplir con la ley no es una opción, es una obligación.
Los infractores tienen un plazo de diez días hábiles para apelar o veinte días para pagar la multa. Además, se reitera la existencia de un "Régimen de Regularización de Deudas" para quienes quieran abonar en cuotas, una "salida" para los que caen en la trampa de la ilegalidad.
¡Atención! Si sos usuario de transporte, asegurate de que el servicio que contratás esté debidamente habilitado para evitar sorpresas y garantizar tu seguridad. Si sos transportista, revisá tus papeles y los de tu personal, porque la fiscalización está más activa que nunca.
