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Dos empleados públicos, Sebastián Calabria y Cristóbal Romero, vieron frustradas sus ambiciones de escalar dos niveles en el SINEP. El Gobierno endurece la interpretación de las "excepciones" para ascensos, agotando la vía administrativa y abriendo la puerta a una batalla judicial que podría sentar precedentes.
El Boletín Oficial de hoy sacudió al mundo de la administración pública con dos decretos presidenciales (660/2025 y 665/2025) que marcan un antes y un después en las expectativas de ascenso de miles de empleados. Sebastián Julio CALABRIA (D.N.I. Nº 22.133.269) del Ministerio de Defensa y Cristóbal Armando ROMERO (D.N.I. Nº 16.211.898) del ex-Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se toparon con un muro infranqueable: el rechazo de sus recursos jerárquicos para promocionar al Nivel B del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
Ambos agentes buscaban un segundo ascenso bajo un "régimen de valoración por evaluación y mérito" que, por única vez y hasta el 31 de diciembre de 2023, permitía acceder hasta a dos niveles escalafonarios superiores. Sin embargo, la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP) y la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.) sentaron una interpretación estricta: esta excepción no aplica para quienes ya habían sido promovidos a un nivel intermedio (Nivel C) bajo el mismo régimen de excepción.
Calabria, que ya había pasado al Nivel C, alegó una reinterpretación contradictoria. Romero, por su parte, reclamó falta de claridad en el rechazo y presentó una diplomatura, sin éxito. La administración fue tajante: la norma buscaba "tornar operativos los principios que rigen la carrera del personal" y cualquier desviación "conllevaría a una desnaturalización" de estos. Esto significa que el espíritu de la excepción era para ciertos casos específicos de encasillamiento inicial, no para una cadena de promociones consecutivas bajo el mismo paraguas excepcional.
Esta decisión genera un fuerte impacto en el personal de planta permanente que aspiraba a utilizar las vías excepcionales para mejorar su situación escalafonaria. Si bien busca poner orden y evitar la "desnaturalización" de los concursos, también cierra una puerta que muchos veían como una oportunidad legítima. La vía administrativa está agotada para Calabria y Romero, pero se les abre la judicial, en un plazo de 180 días hábiles. Sus casos podrían sentar un precedente clave sobre la rigidez o flexibilidad de los ascensos en la función pública. El mensaje es claro: la meritocracia tiene sus reglas, y el Estado las aplicará con rigor.
"No corresponde dar curso a las postulaciones al Nivel B cuando los agentes hayan sido promovidos al Nivel C mediante el régimen de valoración, tal es el caso." - Informe de Firma Conjunta N° IF-2023-55598790-APN-SSEP#JGM
Para estar informado: Manténgase atento a futuros fallos judiciales que puedan surgir de estos casos, ya que podrían redefinir las posibilidades de ascenso en la administración pública.
