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Dos exmiembros de Gendarmería Nacional en la mira: uno por no presentar su declaración jurada patrimonial y otro expulsado por "hostigamiento laboral". La fuerza de seguridad intensifica los controles y advierte sobre graves consecuencias.
La Gendarmería Nacional Argentina sacude el Boletín Oficial con dos avisos que ponen en jaque la conducta de sus exmiembros. En una de las notificaciones, el ex-Cabo Walter Andrés VALIENTE (DNI 38.928.429) es intimado a presentar su Declaración Jurada Patrimonial Integral correspondiente a su "BAJA 2024". La omisión podría derivar en una denuncia ante la Oficina Anticorrupción y la inhabilitación para ejercer la función pública. Un llamado de atención contundente para quienes se despiden de la fuerza sin cumplir con sus obligaciones de transparencia.
Pero la noticia más cruda llega con el Cabo Jonatan Alexis DE BIASI (MI 33.418.326). La Dirección Nacional de Gendarmería lo ha clasificado como "NO APTO PARA PRESTAR LA FUNCIÓN DE GENDARME", con una calificación de 27,457 puntos, por "la suma de antecedentes negativos en el grado, especialmente por la naturaleza descalificante de la sanción de carácter Grave como resultado de la Información Disciplinaria Nro. 10/22 (...) por corroborarse que en el periodo comprendido desde 13ABR22 AL 26SEP22, incurrió en conductas de hostigamiento laboral respecto de Personal Subalterno Integrante de la Sección Hurlingham". Esta decisión implica su separación del servicio activo de la Fuerza.
Estos casos, aunque individuales, reflejan la política de control y depuración interna de las fuerzas de seguridad. Por un lado, la exigencia de declaraciones patrimoniales busca prevenir la corrupción, un pilar fundamental para la confianza ciudadana. Por otro, la expulsión por hostigamiento laboral envía un mensaje claro: la Gendarmería no tolerará conductas abusivas entre su personal, un paso crucial hacia la mejora del clima laboral y el respeto dentro de una institución clave para la seguridad del país.
Para el ciudadano común, estas medidas son una señal de que las instituciones buscan mayor transparencia y ética, aunque el impacto directo sea limitado. Nos recuerda que la función pública conlleva responsabilidades que perduran incluso después de la baja. Es fundamental que estos procesos se mantengan para fortalecer la integridad de nuestras fuerzas.
