¡ESCÁNDALO EN EDUCACIÓN BONAERENSE! CONTRATO MILLONARIO SE DISPARA

Un bombazo económico sacude a la Provincia de Buenos Aires. El Decreto 1314/2022, una medida del Poder Ejecutivo provincial, acaba de dar luz verde a una redeterminación de precios que multiplica exponencialmente el costo de un servicio clave: el control de licencias médicas para el personal de la Dirección General de Cultura y Educación. Lo que inicialmente era un contrato significativo, ahora se transforma en una cifra que roza los nueve mil millones de pesos, levantando suspicacias y preguntas sobre la gestión de los fondos públicos.

El Decreto aprueba el “ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS” y sus anexos, suscripta con la empresa HEALTHY S.A. (CUIT 30-67742529-2). El acuerdo original, enmarcado en la Licitación Pública N° 08/22, tenía como objetivo la contratación del servicio de control de licencias médicas para docentes y personal administrativo. La redeterminación añade $72.432.575,94 al monto, llevando el total del contrato a la impactante suma de $8.869.901.244,00.

¿Qué Implica Este Aumento Descomunal?

Este ajuste de precios, justificado por la inflación y los costos operativos, tiene un impacto directo en las arcas provinciales y, por ende, en los contribuyentes. El servicio es fundamental para asegurar la correcta gestión de las licencias médicas del vasto personal educativo, pero la magnitud del incremento plantea interrogantes:

• ¿Es razonable esta suba en el contexto actual?
• ¿Se realizaron los controles adecuados para justificar semejante desembolso?

La empresa HEALTHY S.A., representada por María Candela Rijo (DNI 33.211.802), es la beneficiaria de esta millonaria actualización. Por parte del estado, firmó Diego Hernán Turkenich (DNI 20.795.532), Subsecretario de Administración y Recursos Humanos de la Dirección General de Cultura y Educación. Este tipo de movimientos contractuales, aunque amparados en normativas de redeterminación, suelen generar gran controversia, especialmente cuando involucran montos tan elevados y servicios esenciales como el de control de ausentismo en un sector crítico como la educación. Los ciudadanos, a través de sus impuestos, son quienes finalmente solventan estos costos, y la transparencia en la justificación de estos montos es crucial.