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Un decreto provincial desata la polémica al aprobar una redeterminación de precios que eleva un contrato de control de licencias médicas a la asombrosa cifra de casi $8.900 millones. ¿Quién se beneficia de esta escalada de costos y qué implica para las arcas públicas?
Una medida explosiva sacude a la Provincia de Buenos Aires. El Decreto 1314/2022 ha dado luz verde a una "redeterminación de precios" que dispara el costo de un contrato clave en la Dirección General de Cultura y Educación. Lo que era un servicio de control de licencias médicas para docentes y personal, originalmente licitado bajo la Licitación Pública N° 08/22, ahora ve su valor total escalando a una suma que deja boquiabiertos a muchos: ¡ocho mil ochocientos sesenta y nueve millones novecientos un mil doscientos cuarenta y cuatro pesos ($8.869.901.244,00)!
La resolución aprueba un Acta de Redeterminación de Precios con la empresa HEALTHY S.A. (CUIT 30-67742529-2). Aunque el acta inicial de redeterminación se firmó por $72.432.575,94, el monto total del contrato redeterminado es el que se eleva a la cifra multimillonaria. Esto significa que el costo del servicio para controlar las licencias de los agentes educativos bonaerenses se ha multiplicado de forma exorbitante, generando un impacto directo en el bolsillo de todos los contribuyentes de la provincia.
Este movimiento, si bien se enmarca en procedimientos administrativos habituales para ajustar contratos a la inflación, la magnitud del incremento levanta sospechas y exige una transparencia absoluta. ¿Cómo se justifica semejante salto? ¿Hay eficiencia en el gasto público o estamos ante una nueva caja de Pandora? La sociedad tiene derecho a saber qué hay detrás de cada peso que se gasta, especialmente cuando se trata de cifras que superan la imaginación.
"Un contrato de casi 9 mil millones de pesos para controlar licencias médicas es una cifra que no puede pasar desapercibida. Exige explicaciones claras y urgentes sobre la gestión de los fondos públicos en un sector tan sensible como la educación", señaló un analista consultado off-the-record.
Es fundamental que los ciudadanos se mantengan informados sobre estas decisiones. La Dirección General de Cultura y Educación, representada por Diego Hernán Turkenich (DNI 20.795.532), y HEALTHY S.A., a través de su presidenta María Candela Rijo (DNI 33.211.802), son las partes involucradas en esta polémica que ya empieza a generar ruido en los pasillos de la política bonaerense.
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