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El Gobierno extiende la intervención de la empresa estatal encargada de las rutas, Corredores Viales S.A., revelando un panorama desolador de 'deficiencias' y 'falencias estructurales' que ponen en jaque su privatización. ¿Una caja negra que no cierra?
El Ejecutivo nacional acaba de prorrogar, indefinidamente, la intervención de Corredores Viales S.A., la empresa pública que maneja buena parte de nuestras rutas. La decisión, plasmada en el Decreto 464/2025, se tomó el 8 de julio de 2025 y entró en vigencia con su publicación. ¿La razón? Un diagnóstico lapidario: "falencias estructurales en la organización, deficiencias en el manejo de la administración, finanzas, compras y contrataciones". La licenciada Anastasia María de los Ángeles ADEM (D.N.I. N° 18.467.241) seguirá al frente de la intervención, intentando poner orden en el caos que, según el propio Gobierno, heredó la compañía.
Este movimiento es clave en el marco de la Ley N° 27.742, que declaró a Corredores Viales "sujeta a privatización". La intención inicial era concesionar la obra pública por peaje, pero el estado actual de la empresa exige "un plazo mayor al período inicialmente estimado" para la intervención. Esto significa que la esperada privatización de los corredores viales se dilata, y con ella, la promesa de una gestión más eficiente y transparente. Los ciudadanos, mientras tanto, seguirán pagando peajes en un sistema bajo la lupa, con una empresa que, según el Gobierno, ha sido un pozo sin fondo de irregularidades.
La situación de Corredores Viales es un termómetro de los desafíos que enfrenta el Gobierno en su agenda de desestatización. La "Agencia de Transformación de Empresas Públicas" tiene un trabajo arduo para renegociar contratos y asegurar la "continuidad operativa" sin poner en riesgo la privatización. Los contribuyentes esperan que este tiempo extra se traduzca en soluciones y no en más dilaciones.
