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Las principales transportistas de energía eléctrica del país se alzaron en pie de guerra contra el ENRE por la Revisión Tarifaria Quinquenal 2025-2030. Denuncias de errores en cálculos de costos, inversiones insuficientes y una "desinflación" que pone en jaque el servicio. El regulador cede en salarios, pero el gran pulso por la plata gorda sigue en pie.
Un verdadero terremoto sacude el sector energético argentino. Las empresas de transporte de electricidad más grandes del país –TRANSENER, TRANSNEA, TRANSNOA, TRANSBA, TRANSPA, DISTROCUYO y TRANSCOMAHUE, junto al EPEN– han interpuesto recursos de reconsideración contra las resoluciones del ENRE que fijaron sus tarifas para el quinquenio 2025-2030. El grito en el cielo de las compañías se centra en una subvaluación alarmante de costos operativos y de inversión, que, aseguran, pone en riesgo la calidad y continuidad del servicio público.
Las transportistas denunciaron que el ENRE aplicó fórmulas de actualización que no reflejan la cruda realidad económica del país. Mientras el ente regulador optó por una combinación de Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y Índice de Precios al Consumidor (IPC), las empresas exigían considerar la dolarización de gran parte de sus inversiones (CAPEX) y el explosivo aumento del Índice de Salarios Privados Registrado (ISPR) para la mano de obra, que representa hasta un 70% de sus costos operativos (OPEX).
En un giro inesperado, el ENRE reconoció parcialmente la lógica de las empresas en cuanto a los salarios, decidiendo que los costos operativos para el período diciembre 2023 - marzo 2025 se ajusten exclusivamente por IPC. Sin embargo, esta "generosidad" tiene un costo: para no afectar el nivel tarifario total, el ENRE disminuyó la magnitud de los planes de inversión obligatorios de las empresas. Esto significa que, si bien se cubren mejor los salarios, las grandes obras de infraestructura podrían verse comprometidas, salvo por el "Factor K", un incentivo para inversiones complementarias.
Las cifras son escalofriantes. Compañías como TRANSENER, TRANSBA y TRANSPA denunciaron perjuicios multimillonarios, con planes de inversión que, en algunos casos, fueron aprobados por menos del 35% de lo solicitado. Por ejemplo, TRANSNOA S.A. calculó que, de haber mantenido solo el IPC, su Base de Capital Regulada (BCR) sería de $96.518 millones, muy por encima de los $79.719 millones aprobados. DISTROCUYO S.A. alegó una subvaluación de $720 millones en costos de personal, equivalente a 24 empleados sin financiamiento.
El ENRE, por su parte, se mantuvo firme en rechazar la mayoría de las objeciones sobre la Base de Capital Regulada (BCR) y el polémico "Factor X" (un mecanismo para estimular la eficiencia que reduce tarifas), argumentando que los cálculos están dentro de los límites contractuales y buscan la eficiencia del sistema. El ente regulador, respaldado por el Ministerio de Economía, insiste en que su política busca consolidar la desinflación, aunque esto signifique un ajuste apretado para las transportistas.
La controversia es crucial. Si las empresas no logran una remuneración que consideren justa, la calidad del servicio eléctrico podría resentirse. Menos inversiones obligatorias, aunque se prioricen los salarios, podrían significar menos infraestructura nueva y un mantenimiento deficiente a largo plazo. La disputa ahora se encamina a la Secretaría de Energía y, potencialmente, a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, donde el futuro de la luz de tu casa se juega a golpe de expediente. Estate atento, porque el impacto en tu bolsillo y en la confiabilidad del servicio puede ser inminente.
