¡Emergencia Pediátrica en Jaque! Congreso impone Ley, Gobierno la congela

En un escenario de alta polarización, el Congreso Nacional logró imponer la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud por el término de un año. Esta medida, que el Poder Ejecutivo había vetado totalmente, fue ratificada por ambas cámaras, con el objetivo de garantizar el acceso efectivo y de calidad a los servicios pediátricos, asegurar el funcionamiento de hospitales públicos como el Prof. Dr. Juan P. Garrahan (declarado referencia nacional), y fortalecer las residencias médicas con condiciones laborales y retribuciones dignas.

Pero el punto más llamativo y controversial de la ley es la exención del Impuesto a las Ganancias para todo el personal de salud (público y privado) que realice actividades críticas, horas extras y/o guardias, una medida largamente reclamada por el sector. También se prevé la recomposición salarial inmediata para el personal que atiende a la población pediátrica, no inferior a los términos reales de noviembre de 2023, y una asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para insumos críticos, infraestructura y medicamentos.

Sin embargo, la alegría duró poco. A través del Decreto 760/2025, el Presidente promulgó la Ley 27.796, pero simultáneamente suspendió su ejecución, invocando el mismo artículo 5° de la Ley 24.629. El Ejecutivo argumenta que el Congreso no especificó las fuentes de financiamiento para el costo estimado de la ley, que asciende a $196.270 millones. Peor aún, el Gobierno advierte que el Ministerio de Salud ya opera con un déficit de $102.400 millones, y que aplicar esta ley implicaría desfinanciar programas esenciales, como los de prevención de VIH-Sida (60% del presupuesto), tratamientos oncológicos o subsidios para medicamentos a personas vulnerables (30% de los subsidios).

"La ejecución de la Ley N° 27.796 solo podría llevarse adelante desfinanciando programas esenciales de salud", alertó el Ejecutivo, señalando que la reasignación de partidas propuesta por el Congreso no es una "fuente concreta, específica, actual y suficiente".

Además, el Presidente criticó la derogación de la Resolución 2109/25 por parte del Congreso, considerándola una "violación de la división de poderes" al entrometerse en facultades propias del Ejecutivo. Esta situación deja a la salud pediátrica y a los residentes en un limbo: la ley existe, pero su implementación está en pausa, a la espera de que el Congreso encuentre una forma de financiarla sin desmantelar otras áreas críticas del sistema de salud. La incertidumbre golpea directamente a los más vulnerables.