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Nuevas disposiciones revelan cómo el Decreto Provincial 59/2019 permite millonarias ampliaciones y prórrogas en contratos estatales. ¿Una herramienta para la eficiencia o una puerta a la discrecionalidad en un contexto inflacionario? Dos artículos detallan gastos por más de $185 millones en laboratorios.
En un movimiento que siempre genera debate, el Boletín Oficial nos trae detalles jugosos sobre cómo la administración provincial, amparada en el Decreto N° 59/2019 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales, maneja las extensiones y modificaciones de contratos. Parece que la flexibilidad es la nueva moneda de cambio, especialmente cuando se trata de sumas millonarias.
Dos artículos, que parecen ser extractos de procedimientos de contratación, detallan las causales por las cuales los contratos pueden ser ampliados o prorrogados:
Uno de los documentos menciona un gasto de $67.155.000,00 para el Ejercicio 2026, mientras que el otro eleva la cifra a $118.080.000,00, ambos destinados a servicios de laboratorio. Esto suma un total de más de $185 millones de pesos bajo este paraguas de flexibilidad contractual.
La clave está en el Artículo 26 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Artículo 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que son el marco legal para estas maniobras. Para el ciudadano de a pie, esta normativa significa que los gastos estatales pueden escalar, a veces hasta el 100%, con justificaciones que van desde el aumento de la demanda hasta la "conveniencia económica" en un país con alta inflación. ¿Es esto una medida necesaria para la adaptabilidad o un cheque en blanco para el gasto público? La pregunta queda flotando en el aire. La transparencia y el control en la aplicación de estas cláusulas son más cruciales que nunca.
