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Tras un veto presidencial, el Congreso impuso la Ley 27.795 para blindar el presupuesto universitario y salarios docentes. Pero el Gobierno, en un movimiento audaz, la promulgó... ¡y suspendió su aplicación por falta de fondos!
La Argentina vive un nuevo capítulo de la tensión entre poderes, con el Congreso Nacional forzando la aprobación de la Ley 27.795, que busca garantizar el financiamiento de la educación universitaria pública y recomponer los salarios docentes y no docentes. Esta norma, que había sido observada totalmente por el Poder Ejecutivo, fue ratificada por ambas Cámaras con los dos tercios de los votos, obligando a su promulgación.
La ley establece objetivos ambiciosos: afianzar el ingreso, permanencia y terminalidad estudiantil, asegurar condiciones laborales y salariales dignas para docentes y no docentes (con actualizaciones por IPC), incrementar recursos tecnológicos, ampliar la oferta de carreras, potenciar la investigación y extensión, y fortalecer programas de becas. Además, exige que el Poder Ejecutivo actualice los gastos de funcionamiento de las universidades al 1º de enero de 2025 según la variación del IPC entre mayo y diciembre de 2024, y luego de forma bimestral durante 2025. Los salarios también deberán ser actualizados con retroactividad y convocatorias paritarias obligatorias cada tres meses, siempre por encima de la inflación.
Sin embargo, la gran sorpresa llegó con el Decreto 759/2025. El Presidente, si bien promulgó la ley, la suspendió inmediatamente en su ejecución, amparándose en el artículo 5° de la Ley 24.629 de Administración Financiera. El Ejecutivo argumenta que el Congreso omitió especificar las fuentes de financiamiento para un gasto que estima en más de 1 billón de pesos para 2025, incluyendo $123 mil millones para gastos de funcionamiento, $617 mil millones para salarios y $149 mil millones para becas. Esta medida, según el Gobierno, evita un "desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica" y la consecuente "aceleración inflacionaria".
"Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional", cita el Ejecutivo, resaltando la postura de la Procuración del Tesoro.
Para los ciudadanos y la comunidad universitaria, esto significa que, aunque la ley existe, sus beneficios no se harán efectivos hasta que el Congreso vuelva a sesionar y encuentre el dinero para financiarla. La pulseada política deja a miles de estudiantes y trabajadores en la incertidumbre, con la promesa de mejoras salariales y presupuestarias en el aire. La pelota, ahora, vuelve al campo legislativo.
