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La Secretaría de Transporte adjudicó dos tramos clave de la Red Vial Nacional a empresas privadas bajo el régimen de peaje, en una movida que redefine la infraestructura del país y descarta ofertas de gigantes de la construcción.
¡BOMBA en el sector del transporte! La Secretaría de Transporte acaba de cerrar una de las licitaciones más esperadas y controvertidas del año: la adjudicación de dos tramos fundamentales de la 'Red Federal de Concesiones - Etapa N° 1'. Bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, las rutas nacionales pasarán a ser gestionadas por el sector privado, prometiendo mejoras pero también abriendo el debate sobre el costo para los usuarios.
El Tramo Oriental fue adjudicado a la firma AUTOVÍA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. (CUIT 30-71134680-1), mientras que el Tramo Conexión quedó en manos del consorcio integrado por OBRING S.A. – ROVIAL S.A. – EDECA S.A. – PITÓN S.A. – PIETROBONI S.A. (CUIT 30-60594295-0). Estas empresas serán las encargadas de la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación y mantenimiento de estas arterias vitales.
Pero la noticia no viene sin su cuota de drama. La Secretaría desestimó las ofertas de dos pesos pesados del rubro: ELEPRINT S.A. – SUPERCEMENTO S.A.I.C. – PANEDILE ARGENTINA S.A.I.C.F.e I.A. y JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A. – BENITO ROGGIO e HIJOS S.A. ¿La razón? Incorporaron 'condicionamientos ajenos al modelo de Formulario de Cotización', lo que afectó la 'comparabilidad de las ofertas y el principio de igualdad entre los oferentes'. Una decisión que, sin duda, generará ruido en el competitivo mundo de la construcción.
Esta medida se enmarca en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, que busca una reorganización del Estado y una mayor participación privada en servicios e infraestructuras públicas. Para los ciudadanos, esto significa la posibilidad de rutas mejoradas, pero también la certeza de pagar peajes que financiarán estas obras. El desafío será garantizar que la eficiencia prometida se traduzca en beneficios tangibles para todos, sin que la privatización implique un costo social excesivo.
