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El Ministerio de Capital Humano vuelve a prorrogar masivamente designaciones transitorias en áreas sensibles como Empleo, Educación, INAES y Políticas Sociales, evidenciando la dificultad para estabilizar la estructura estatal. La falta de concursos alimenta la polémica sobre la gestión del personal.
El Ministerio de Capital Humano, bajo la dirección de Sandra Pettovello, sigue generando ruido con la gestión de su personal. En una serie de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, se confirmaron nuevas prórrogas y designaciones transitorias para cargos de alta relevancia, prolongando la incertidumbre en varias dependencias clave.
María del Pilar LOBO MÁRQUEZ fue designada, también de forma transitoria, como Directora General de Gestión Administrativa Territorial de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Resolución 1173/2025). Su nombramiento, por 180 días hábiles, se realiza con carácter de excepción, lo que genera interrogantes sobre la idoneidad de los procesos de selección.
Por otro lado, el Abogado Mauricio TERRON MIGUEZ continuará al frente de la Dirección Nacional de Políticas de Fortalecimiento Educativo (Resolución 1172/2025), y el Contador Público Jorge Hugo MOSTEIRO seguirá como Director Nacional de Control de Ahorro y Crédito Cooperativo y Mutual del INAES (Resolución 1174/2025). Ambas prórrogas, también por 180 días hábiles, se justifican por la 'no realización del proceso de selección previsto', una constante que se repite en la administración pública.
Pero la lista no termina ahí. La Resolución 1175/2025 extiende, una vez más, las designaciones transitorias de varios funcionarios en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. En este caso, la justificación es 'razones de índole operativa' y la falta de convocatorias a concursos, lo que mantiene a un equipo en funciones sin la estabilidad de un nombramiento definitivo y con una excepción a los requisitos del artículo 14 del SINEP.
'La recurrencia de las designaciones transitorias y sus prórrogas pone en tela de juicio la capacidad del Estado para garantizar la estabilidad y profesionalización de sus cuadros directivos', señalan fuentes internas.
Estas medidas, aunque administrativas, reflejan una tendencia a la precarización de los cargos directivos y la postergación de los concursos públicos, lo que podría afectar la continuidad y eficiencia de las políticas públicas en áreas tan sensibles como la educación, el empleo y el control de entidades de la economía social. ¿Hasta cuándo se extenderá esta 'flexibilidad' en la administración de Capital Humano? Los ciudadanos comunes deben estar atentos, ya que la estabilidad de estos funcionarios impacta directamente en la implementación de programas que los afectan.
