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El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata realiza un mero trámite administrativo, ordenando el registro y comunicación de una medida interna bajo la Ley de Empleo Público, sin revelar detalles de su contenido.
En el intrincado mundo de la burocracia estatal, a veces se publican resoluciones que, si bien son parte del engranaje, ofrecen poca o nula información de fondo para el ciudadano común. Este es el caso de la breve nota del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata.
Firmada por su Presidente, Roberto Carlos Salvarezza, la resolución se limita a ordenar el registro, comunicación a la Dirección Provincial de Personal y a la Subsecretaría Legal y Técnica de la Secretaría General, y la publicación en el Boletín Oficial y el SINDMA, para luego archivar. Todo esto, en el marco de la Ley N° 10.430 y su Decreto Reglamentario N° 4161/96, que rigen el Estatuto del Empleado Público de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué es lo que se registra y comunica? El texto no lo especifica. Podría ser cualquier cosa, desde un nombramiento, un traslado, una licencia, o cualquier otra decisión relacionada con el personal del consorcio. Para el ojo inexperto, es un simple papel más en la pila de la administración pública. Sin embargo, para los empleados del Consorcio Portuario o para quienes sigan de cerca los movimientos internos, esta mención de la Ley 10.430 podría indicar un movimiento de personal importante o una aplicación específica de las normas laborales.
Para la sociedad en general, este tipo de publicaciones tiene una relevancia casi nula, excepto por el hecho de mostrar que los organismos estatales cumplen con los procedimientos formales de registro. Es un recordatorio de que, detrás de cada gran obra o servicio, hay una innumerable cantidad de trámites administrativos que, aunque poco espectaculares, son la base del funcionamiento del Estado.
