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Entre renuncias rutinarias y extensiones de plazos, el Estado argentino busca optimizar sus procesos internos con retoques administrativos que impactan en la transparencia y la formación laboral.
El Boletín Oficial nos trae hoy una serie de movimientos administrativos que, aunque no sacuden los cimientos del país, muestran el constante ajuste de tuercas en la maquinaria estatal.
Por un lado, la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (AAIP), a través de la Resolución 179/2025, decidió simplificar lo que se registra en el "Registro de Infractores de la Ley N° 25.326" (Protección de Datos Personales). A partir de ahora, ya no será necesario hacer constar el "grado de acatamiento" de la sanción ni la "calidad de reincidente" del infractor. Una medida que busca agilizar el papeleo interno de la Agencia, pero que, para algunos, podría significar una menor visibilidad pública sobre el historial completo de quienes incumplen la normativa de datos personales.
En otro frente, el MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, mediante la Disposición 47/2025 de la Dirección Nacional de Formación Laboral, lanzó un salvavidas para las entidades: prorrogó hasta el 15 de octubre de 2025 la fecha de cierre para la presentación de propuestas del Programa Crédito Fiscal 2025. Una ventana de oxígeno vital para empresas y organizaciones que buscan capacitar a sus empleados y acceder a beneficios impositivos, demostrando una necesaria flexibilidad ante la demanda del sector.
Finalmente, en el ámbito judicial, el Decreto 693/2025 del MINISTERIO PÚBLICO aceptó la renuncia de la doctora María de los Milagros SQUIVO al cargo de Fiscal Federal en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, con efecto a partir del 1° de agosto de 2025. Un movimiento de rutina en el escalafón judicial que no implica grandes cambios, pero que abre la puerta a un nuevo nombramiento en el futuro.
