¡BOMBAZO VIAL! El Gobierno extiende la intervención de Corredores Viales S.A. ¿Privatización en la cuerda floja?

¡Atención, viajero! La novela de la privatización de las rutas argentinas sumó un nuevo capítulo y, ¡ojo!, no es menor. El Gobierno, a través del Decreto 464/2025, decidió extender la intervención de Corredores Viales S.A., la empresa estatal que maneja una porción vital de nuestras autopistas y rutas con peaje. La medida, que rige desde el 8 de julio de 2025, no es un detalle menor: significa que la ansiada venta o concesión total de la compañía, declarada "sujeta a privatización" por la Ley de Bases (N° 27.742), se posterga indefinidamente, o al menos hasta que se 'ordene la casa'.

¿Qué hay detrás de esta prórroga?

Según el propio decreto, el diagnóstico de la intervención inicial fue lapidario: se encontraron "falencias estructurales" en la organización, y graves deficiencias en la administración, finanzas, compras, contrataciones, coordinación legal y hasta en el relevamiento de activos. ¡Un verdadero desastre, che! Parece que la promesa de una privatización rápida se choca con la cruda realidad de una empresa con problemas profundos. La licenciada Anastasia María de los Ángeles ADEM (D.N.I. Nº 18.467.241), la interventora designada, seguirá al mando con "facultades que el Estatuto de la empresa le confiere al Directorio", una suerte de súper-poderes para enderezar el rumbo.

¿Qué significa esto para vos y para el país?

Esta decisión es un claro indicio de que el proceso de privatización de Corredores Viales S.A. es mucho más complejo de lo que se preveía. En lugar de una venta exprés, el Gobierno opta por una fase de "saneamiento" prolongada. Esto puede tener varias lecturas:

• Para los ciudadanos: Implica que la gestión de las rutas seguirá, por ahora, en manos del Estado. Las mejoras o cambios en la infraestructura vial y en el sistema de peajes podrían demorarse hasta que se defina el futuro de la empresa. La calidad del servicio y las tarifas seguirán bajo la órbita de una gestión intervenida.
• Para el mercado: La demora podría generar incertidumbre entre los inversores interesados en el sector vial. Si la empresa presenta tantas falencias, su valor de mercado podría verse afectado y la atractividad de la concesión, disminuida. Sin embargo, también podría interpretarse como una señal de seriedad del Gobierno para ofrecer una empresa más 'limpia' y eficiente en el futuro, lo que a largo plazo podría ser positivo.
• Para el Gobierno: Es un reconocimiento implícito de que la transición hacia un modelo de gestión privado requiere de un esfuerzo considerable para corregir las deficiencias heredadas. La extensión de la intervención busca asegurar una "transición ordenada y eficiente" que no ponga en riesgo la "continuidad operativa de los corredores", un punto clave para la conectividad del país.

El Ministerio de Economía, con la asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS”, tiene la tarea de adoptar las medidas necesarias. La situación es un espejo de los desafíos que enfrenta la administración para reformar el sector público. Estaremos atentos a cada movimiento, porque el futuro de nuestras rutas está en juego.