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El Gobierno Nacional mete mano en los subsidios al transporte y lanza un "diferencial económico" para las empresas que apuesten por colectivos ecológicos. ¿Se viene una flota más verde o un nuevo festival de fondos públicos?
La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía acaba de sacudir el tablero con una resolución que redefine cómo se distribuyen las compensaciones tarifarias para el transporte público automotor de pasajeros. El plato fuerte: un incentivo económico explícito para las empresas que se suban a la ola de los vehículos a Gas Natural Comprimido (GNC) y eléctricos. ¡Adiós al gasoil sin distinción, hola a la "sustentabilidad" subsidiada!
La Resolución 6/2026 aprueba una nueva metodología para calcular y distribuir los subsidios, que ahora incorpora y pondera la incidencia de unidades propulsadas a GNC y energía eléctrica. Esto no es un detalle menor; significa que el sistema de compensaciones, que venía del lejano 2001 con el Fideicomiso del Decreto 976 y el SISTAU (Sistema Integrado de Transporte Automotor), finalmente se aggiorna para reconocer tecnologías más amigables con el ambiente. Hasta ahora, el procedimiento no diferenciaba entre las distintas tecnologías, lo que, según la Secretaría, "desvirtuaba el propósito de las medidas de fomento".
Para las empresas de transporte, es una señal clara: invertir en flotas a GNC o eléctricas tendrá un premio en la liquidación de subsidios. Esto podría generar una modernización del parque automotor, que en muchas ciudades es obsoleto y contaminante. Si bien los costos iniciales de estas unidades son mayores, el diferencial en las compensaciones busca equilibrar la balanza y "estimular la inversión en la sustentabilidad del sistema".
Para los ciudadanos, el impacto podría ser doble: por un lado, la promesa de un aire más limpio en las grandes urbes, especialmente en la Región Metropolitana de Buenos Aires, donde se concentra la mayor parte de este transporte. Por otro lado, la pregunta de siempre: ¿esta inyección de fondos públicos se traducirá en un mejor servicio o solo engrosará las arcas de los empresarios? La resolución busca "concretar el reconocimiento diferencial sobre los combustibles tradicionales", es decir, pagar más por lo verde.
Este movimiento no es aislado. Viene de una larga saga de decretos y resoluciones que han intentado, con mayor o menor éxito, ordenar el caótico sistema de subsidios al transporte. Desde el Decreto 976/2001 que creó el fideicomiso, pasando por el Decreto 652/2002 que estableció el SISTAU, y el DNU 678/2006 que sumó el RCC (Régimen de Compensaciones Complementarias), el Estado siempre ha sido un actor central en la financiación del transporte. Resoluciones previas como la 45/2024 y la 86/2025 ya venían sentando las bases, aprobando metodologías de costos y tarifas teóricas. Ahora, se da un paso más, incorporando la variable ambiental.
La medida es, sin duda, un espaldarazo a la transición energética en el transporte público. Sin embargo, el diablo está en los detalles y en la implementación. La Subsecretaría de Transporte Automotor deberá finalizar sus "propios estudios técnicos" sobre precios y rendimientos, ya que por ahora se basan en la Resolución 182/2025 de la Ciudad de Buenos Aires. La transparencia en el cálculo y la distribución de estos fondos será clave para evitar suspicacias y asegurar que el objetivo de un transporte más sostenible no se desvirtúe.
"El procedimiento de distribución de las compensaciones tarifarias vigente, no contempla los parámetros necesarios para procesar de manera diferencial entre dichas tecnologías, desvirtuando el propósito de las medidas de fomento diseñadas por la Autoridad de Aplicación."
Para estar informado sobre futuras actualizaciones, seguí de cerca los comunicados de la Secretaría de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). ¡El futuro del bondi ya no es solo diésel!
