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La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral consolida criterios tributarios para la venta de hidrocarburos, buscando dar 'seguridad jurídica' a las provincias productoras y a las empresas. ¿Quién ganará y quién perderá con esta 'certidumbre normativa'?
Una medida que generará mucho ruido en el sector energético acaba de publicarse en el Boletín Oficial. La COMISIÓN ARBITRAL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18.8.77, mediante su Resolución General 17/2025, ha decidido poner en blanco sobre negro los criterios para la asignación de ingresos provenientes de la extracción de petróleo y gas a los fines del impuesto sobre los Ingresos Brutos.
La resolución no es una novedad radical, sino una consolidación y actualización de criterios que, según el propio texto, se vienen aplicando de forma "pacífica" desde hace más de 25 años, basados en la Resolución CA N° 2/2000. Sin embargo, su oficialización como resolución general es un hito:
Esta medida busca brindar "seguridad jurídica" a los productores de hidrocarburos. En un sector con inversiones a largo plazo y altísimos costos, la certidumbre tributaria es un factor determinante. Al clarificar las reglas de juego, se espera "promover el desarrollo económico de las provincias productoras y estimular las inversiones". Esto significa que las empresas del sector tendrán un marco más claro para calcular sus obligaciones fiscales, lo que podría traducirse en mayor confianza y, potencialmente, en más proyectos y empleo en las economías regionales. Para las provincias, significa consolidar una forma de reparto de la torta fiscal que ya venían aplicando, pero ahora con respaldo normativo general.
"El principio de seguridad jurídica exige la consolidación mediante una resolución general de los criterios interpretativos aplicados de manera uniforme durante décadas, a fin de brindar certidumbre normativa a los productores de hidrocarburos."
¡Ojo al piojo! Si bien la idea es dar certidumbre, cualquier ajuste en las reglas de reparto de ingresos brutos siempre genera tensión entre las jurisdicciones. Sin embargo, al formalizar una práctica ya establecida, se busca evitar futuras disputas.
Para estar informado: Siga de cerca los informes de la Comisión Arbitral y las cámaras del sector hidrocarburífero para entender cómo esta consolidación impacta en la planificación de inversiones y la dinámica fiscal interjurisdiccional.
