Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
Una movida sin precedentes que sacude la fe local: Monseñor Oscar Miñarro asume como Administrador Apostólico en Alto Valle del Río Negro, con el aval oficial del Gobierno argentino, marcando un hito en la relación Iglesia-Estado y la continuidad pastoral.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto ha emitido la Resolución 484/2025, una medida que genera revuelo en el ámbito eclesiástico y político. Se trata del reconocimiento oficial de la designación de S.E.R. Mons. Oscar Eduardo MIÑARRO (DNI N° 14.233.215) como Administrador Apostólico “sede vacante” de la Diócesis de Alto Valle del Río Negro.
Esta trascendental decisión, comunicada por la Nunciatura Apostólica el 7 de agosto de 2025, llega tras el traslado de Mons. Alejandro Pablo Benna de la Diócesis de Morón y, ¡atención!, la elección directa de Su Santidad, el Papa León XIV. Esto no es un detalle menor, ya que subraya la autoridad papal en la designación de sus representantes en el territorio argentino.
Este movimiento se ampara en el Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina, suscripto el 10 de octubre de 1966 y aprobado por la Ley N° 17.032. Dicho pacto establece claramente que el nombramiento de Arzobispos, Obispos y Administradores Apostólicos es competencia exclusiva de la Santa Sede. La intervención del Estado argentino, a través de esta Resolución, se limita a un mero reconocimiento civil y administrativo, lo que subraya la delicada pero firme separación de poderes, manteniendo la autonomía religiosa pero exigiendo la formalidad estatal.
"Se han cumplido previamente los trámites previstos por la norma indicada y el Obispo designado reúne los requisitos allí establecidos." - Boletín Oficial
Para el ciudadano común, esto significa que la estructura eclesiástica en una región clave del país se renueva con el pleno respaldo legal del gobierno. Es una confirmación de la vigencia de acuerdos históricos que regulan la relación entre la Iglesia Católica y el Estado argentino. Mientras algunos podrían verlo como un simple trámite burocrático, otros interpretarán la rapidez y formalidad del reconocimiento como una señal de la importancia que el gobierno actual le otorga a la estabilidad y legitimidad de las instituciones religiosas. Este nombramiento, efectivo desde el 9 de agosto de 2025, asegura la continuidad pastoral en un área sensible. Para estar al tanto de futuras resoluciones de este calibre, es crucial seguir de cerca las publicaciones del Ministerio de Culto.
