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El IPS bonaerense obliga a profesionales de la salud a saldar deudas millonarias por aportes no realizados en sus años de becarios y residentes. Una medida que reconoce derechos laborales, pero con un costo financiero enorme para quienes buscan su jubilación.
Una serie de resoluciones del Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires sacude el tablero para cientos de profesionales de la salud. Las Resoluciones N° 31.934, N° 31.932, N° 31.935 y N° 31.936 reconocen, finalmente, los servicios prestados bajo figuras precarias como becarios, residentes o prácticas rentadas en hospitales y organismos de salud. Sin embargo, esta "victoria" viene con un costo altísimo: los afectados deben abonar millonarias deudas retroactivas por aportes personales y contribuciones patronales no realizadas en su momento.
El caso de Elizabeth Sofia MONTERO LABAT es el más impactante, con una deuda total que roza los 24.5 millones de pesos por servicios como Médico Residente y Becaria entre 1998 y 2009. Le sigue Marcia Analía HOPE, quien debe más de 4.2 millones de pesos por su etapa de becaria entre 2006 y 2009. Angeles Luján MARTINEZ enfrenta un cargo de 2.4 millones de pesos por servicios como becaria de guardia, y Rosana Judith MEDINA debe más de 1.3 millones de pesos por su período de práctica rentada en IOMA.
"Es una paradoja. Por un lado, se reconoce una relación de dependencia que históricamente se negó, pero por el otro, la carga financiera recae desproporcionadamente en el trabajador", advirtió un abogado laboralista.
Estos casos exponen una problemática estructural en el sistema de salud y previsional: la utilización de figuras laborales que, si bien no configuraban "empleo público", sí implicaban una relación de subordinación y tareas equivalentes a las de personal de planta. La jurisprudencia, como las causas "Pisano, Juan José" o "Triaca, Juan Manuel", ha sido clave para que el IPS ahora reconozca estos servicios, muchos de ellos calificados como "insalubres" o "diferenciales".
Esta situación obliga a los profesionales a afrontar pagos exorbitantes para poder computar esos años cruciales para su jubilación. Si bien se ofrecen planes de pago (como las 13 cuotas aceptadas para Montero Labat o las 6 para Medina), la falta de cumplimiento puede derivar en acciones legales y la caducidad del plan. Es un llamado de atención para quienes trabajaron bajo modalidades similares: revisen sus historiales laborales y previsionales, porque lo que antes se consideraba una "beca", hoy puede ser un derecho jubilatorio, pero con una factura pendiente. Es fundamental contactar al IPS a través de su sitio web o centros de atención para evaluar cada caso.
Este reconocimiento tardío, aunque justo en esencia, pone en evidencia las cicatrices de la precarización laboral en el sector público y el desafío que representa para el sistema previsional saldar estas deudas históricas.
