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Una megadefinición del Ministro de Economía bonaerense amplía el presupuesto prorrogado de 2023 por más de 4.4 billones de pesos, redefiniendo el mapa financiero provincial para 2025. ¿Qué significa esta maniobra para el bolsillo de los bonaerenses?
En un movimiento financiero de proporciones colosales, el Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Pablo Julio López, ha resuelto una ampliación masiva del Cálculo de Recursos de la Administración Central para el presupuesto de 2023, prorrogado al ejercicio 2025. Hablamos de una cifra que estremece: ¡cuatro billones cuatrocientos veinte mil ochocientos noventa y nueve millones doscientos ochenta mil pesos ($4.420.899.280.000.-)! Esta decisión no solo amplía los recursos, sino que también incrementa el Presupuesto General por el mismo monto, impactando directamente en la Administración Central y en los Organismos Descentralizados.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, detalla varias resoluciones que ajustan las cuentas provinciales. Además de la ampliación principal, se suman contribuciones figurativas de la Administración Central a Organismos Descentralizados por $20.244.400.000.-, y un incremento similar para los propios Organismos Descentralizados. También se realizaron transferencias de créditos dentro del mismo presupuesto por $130.000.000.-, $1.945.000.000.- (destinados, en parte, al Poder Judicial - Administración de Justicia) y $667.000.000.- en otras áreas de la Administración Central.
Este ajuste gigantesco se da en un contexto de presupuesto prorrogado, lo que genera interrogantes sobre la planificación fiscal y la capacidad de ejecución. El Artículo 7° de la resolución advierte que los compromisos asumidos con estos nuevos recursos dependerán del efectivo ingreso de dichos fondos. Esto es clave: si la recaudación no acompaña, los rubros incrementados podrían sufrir disminuciones al cierre del ejercicio 2025. Para el ciudadano común, esta ampliación significa que el Estado provincial tendrá una capacidad de gasto significativamente mayor, lo que podría traducirse en más obras, servicios o programas sociales. Sin embargo, la dependencia de la recaudación efectiva introduce un elemento de incertidumbre y la lupa estará puesta en cómo se gestionarán estos billones.
