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El gobierno provincial duplicó un contrato millonario con MELENZANE S.A. para mobiliario escolar. Una decisión que levanta cejas: ¿es una inversión clave para la educación o una señal de la burocracia que no termina de cerrar los números?
La Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires acaba de emitir una resolución explosiva que autoriza la ampliación del cien por ciento (100 %) de una orden de compra ya millonaria. La beneficiaria es la firma MELENZANE S.A., CUIT 30-63717570-6, en el marco de la Licitación Pública N° 2/25.
La medida significa que al contrato original de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100 ($1.966.270,00) para la adquisición de materiales destinados a la fabricación de mobiliario escolar, se le suman otros $1.966.270,00. Esto eleva el gasto total de esta operación a casi cuatro millones de pesos ($3.932.540,00), un monto nada despreciable que saldrá de las arcas públicas para equipar los establecimientos educativos bonaerenses.
Esta ampliación se ampara en la Ley N° 13.981 y sus decretos reglamentarios, y llega luego de que la licitación original fuera aprobada y adjudicada a MELENZANE S.A. en julio de 2025, con la orden de compra perfeccionada en octubre del mismo año. La Dirección Provincial de Equipamiento Escolar fue la que solicitó esta duplicación de fondos, alegando la necesidad de más insumos para las escuelas.
"La gestión que se aprueba queda bajo la exclusiva responsabilidad del funcionario que la propicia, la que se hace extensiva a la razonabilidad de los precios a pagar."
Esta frase, extraída de la propia resolución, resuena con fuerza. ¿Fue una falla de planificación inicial que llevó a subestimar las necesidades en un cien por ciento, o hay algo más detrás de esta decisión de duplicar un contrato existente en lugar de abrir una nueva licitación? Para el ciudadano, la transparencia en el uso de estos fondos es crucial. La provincia de Buenos Aires enfrenta desafíos enormes en su infraestructura educativa, y cada peso invertido debe ser justificado con la máxima eficiencia.
Este desembolso millonario debería traducirse en una mejora palpable en las condiciones de estudio de miles de alumnos bonaerenses. Los materiales adquiridos son para la fabricación de mobiliario escolar, lo que implica más sillas, mesas y equipamiento para las aulas. Sin embargo, la forma en que se gestionan estas ampliaciones contractuales siempre generará debate sobre la eficacia del gasto público y la previsión en las compras estatales.
Es fundamental que los organismos de control y la ciudadanía sigan de cerca la ejecución de este contrato ampliado para garantizar que los fondos se utilicen de manera óptima y que el mobiliario llegue efectivamente a quienes más lo necesitan. La educación de nuestros chicos no puede esperar, pero tampoco merece un derroche de recursos. Manténgase informado a través del Boletín Oficial y los medios locales para seguir el rastro de estos fondos y verificar su impacto real en las escuelas.
